A un año del homicidio de Bernardo Bravo resolver los problemas por los que dio su vida sigue pendiente.
¿Por qué a pesar de que hay avances en la persecución y el castigo de los victimarios de Bernardo Bravo, por las declaraciones de su esposa, y en general, en el ánimo social, no se siente que ya se haya hecho justicia?
Esta sensación de frustración y enojo que no cede se mantiene por dos razones: que ante la resolución de este caso hay miles en total impunidad, por otro lado, la situación de los productores de limón en la Tierra Caliente no ha mejorado. El de Bernardo Bravo es una excepción a la regla. Su trágico homicidio se investigó, se determinó con claridad el móvil y a los responsables y hay múltiples detenidos que esperan sentencia. Miles no pueden decir lo mismo, la norma en nuestro país es la impunidad absoluta. Sin embargo, hay algo que irrita más allá de la indignación por el crimen mismo.
Después de un año de presencia policial reforzada, operativos, investigaciones, detenciones y muchos discursos la extorsión y la violencia continúan como el día que Bernardo fue asesinado. Esta situación demuestra que la delincuencia que vivimos en Michoacán, particularmente en esta región, es estructural, es decir que se ha convertido en parte del funcionamiento económico y social.
No se trata de un delincuente, que una vez detenido, el problema se habría de solucionar. Cuando un capo cae, otro ocupa su lugar, porque la criminalidad es una maquinaria bien aceitada, que funciona mucho mejor que el gobierno que dice combatirla y porque todos y cada uno de los incentivos, de las condiciones que permitieron el desarrollo de la delincuencia organizada siguen sin una respuesta significativa desde el Estado.
Por eso tenemos esta sensación de impunidad y de injusticia ante un crimen formalmente resuelto, porque no podemos evitar pensar que la lucha y la muerte de Bernardo fue en vano. Porque la justicia y la paz no han llegado a los productores y a las familias de la Tierra Caliente, porque después de un año los planes gubernamentales ni siquiera son eso, seguimos en el discurso matraquero y en la politización desde el poder.
Esperemos que de este y otros homicidios de luchadores sociales que se han atrevido a levantar la voz por los que no tienen ya ni eso, aprendamos a reconocer, la sociedad y particularmente el gobierno, las causas que requieren atención del Estado mexicano mientras sus defensores se encuentran con vida y salud dando su batalla. Basta ya de reconocer como ejemplares a personas asesinadas, que fueron ignoradas y despreciadas en vida, cuyas causas solo encontraron negaciones burocráticas, o que como Bernardo Bravo, tras su muerte, reciben homenajes, pero no soluciones para los problemas por los que dieron la vida.
