A un año de la nueva SCJN debemos preguntarnos si tenemos una mejor justicia y la respuesta es no.
La reforma al Poder Judicial se justificó a partir de problemas que eran reales. La justicia mexicana era lenta, cara, distante y frecuentemente incomprensible para los ciudadanos. La impunidad era, y sigue siendo, enorme. Había, como hasta hoy, privilegios, nepotismo y razones suficientes para cuestionar el funcionamiento del Poder Judicial. Defender el sistema anterior como si hubiese funcionado correctamente sería absurdo.El problema es que cambiarlo no significó mejorarlo.
Un año después, algunos datos deberían preocuparnos. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project colocó a México en el lugar 121 de 143 países. Estamos en los últimos lugares mundiales en justicia civil, justicia penal, ausencia de corrupción y orden y seguridad. Particularmente relevante resulta el deterioro de los indicadores relacionados con los límites al poder gubernamental y la ausencia de influencia indebida sobre la justicia.
El Índice de Paz México 2026 confirma la paradoja. México cuenta aproximadamente con dos jueces y magistrados por cada cien mil habitantes, una fracción del promedio internacional, y destina a justicia y seguridad recursos considerablemente inferiores a los de otros países comparables. Esto conduce a una primera conclusión incómoda: México emprendió una gigantesca reforma para elegir del Poder Judicial sin hacer una reforma integral del sistema de justicia.
La nueva Suprema Corte puede presumir algunos resultados, sin embargo, el análisis muestran una disminución en el número de proyectos de sentencia votados respecto de la integración anterior. Parte del problema deriva de una decisión de la propia reforma: desaparecer las Salas y concentrar los asuntos en el Pleno. Tan evidente resultó el cuello de botella que ahora se pretende recuperar estructuras semejantes para desahogar asuntos. No es el único componente del diseño original que ha tenido que revisarse.
La elección judicial que debía celebrarse concurrentemente con las elecciones ordinarias de 2027 fue trasladada a 2028. El diagnóstico del INE fue demoledor: calificó la elección como inmanejable. El Congreso terminó modificando el calendario que había aprobado. La mejor evidencia de los defectos del diseño no proviene de sus adversarios, sino de las correcciones realizadas por sus propios autores.
Pero el asunto verdaderamente delicado es otro: la independencia judicial. La Suprema Corte no se justifica por el número de expedientes que resuelve. Su función constitucional más importante consiste en poder decirle “no” al poder: al presidente, al Congreso, a los gobernadores, a las mayorías y también a los poderes económicos cuando vulneran derechos.
La elección popular sustituyó algunas garantías tradicionales de independencia a cambio de una supuesta legitimidad democrática. Sin embargo, la primera elección judicial tuvo una participación cercana al 13 por ciento y estuvo acompañada por la polémica distribución de los llamados “acordeones”.
La independencia judicial, además, no es solamente una preocupación de abogados. También es infraestructura económica. Quien invierte necesita confiar en que mañana un juez independiente hará cumplir el contrato que firma hoy. Necesita saber que podrá defender su propiedad frente a particulares y también frente al gobierno. La OCDE y el Fondo Monetario Internacional han advertido expresamente sobre la incertidumbre que el nuevo diseño judicial mexicano puede generar para la inversión.
A un año, no existe evidencia para afirmar que se haya resuelto ninguno de los problemas que justificaron una transformación constitucional de semejante magnitud. México sigue teniendo pocos jueces, fiscalías débiles, impunidad, inseguridad y una justicia civil y penal situada entre las peores evaluadas internacionalmente. Ahora, además, tenemos que resolver una pregunta que antes resultaba menos apremiante, ¿los jueces pueden actuar como auténticos contrapesos frente a quienes hicieron posible su llegada al cargo?
Al cumplirse el primer año, ésa debería ser la medida del éxito. No cuántos jueces elegimos, cuántos expedientes despachamos o cuántas veces modificamos la reforma para hacerla funcionar. Sino algo mucho más elemental: si tenemos una justicia más independiente, más accesible y más eficaz que la que sustituimos. Hasta ahora, la evidencia dice que no.
