Sin Zócalo y sin mucho que presumir Sheinbaum informa.
Claudia Sheinbaum llegó a la Presidencia con más poder que casi cualquiera de sus antecesores: una mayoría electoral abrumadora, control del Congreso, contrapesos políticos debilitados y un partido dominante en buena parte del territorio nacional. Parecía tener todo para gobernar. Dos años después comienza a quedar claro que también recibió muy poco espacio para hacerlo.
A diferencia de otros presidentes, Sheinbaum no pudo definir libremente su estilo de gobierno. Sigue atada a Andrés Manuel López Obrador, a su movimiento, a sus personajes y a sus obsesiones. Los cercanos de Claudia conviven con los leales de Andrés; la racionalidad técnica, con la mitología petrolera; las necesidades de inversión, con las obras faraónicas heredadas. Todo ello bajo una Presidenta que parece entender la complejidad del mundo, pero encabeza un movimiento que todavía necesita dividirlo entre buenos y malos.
No es casual que en su Segundo Informe haya tenido que reiterar que no existe ruptura con López Obrador. Esa necesidad de proclamar continuidad dice mucho sobre los límites de su autonomía. Heredó un enorme poder político, pero también un pesado equipaje: corrupción, sospechas de narcopolítica, militarización, empresas públicas financieramente insostenibles y compromisos presupuestales que cada año dejan menos espacio para gobernar.
Hay tres temas del Informe que permiten observar con claridad esa contradicción.
El primero es la seguridad. La reducción oficial de los homicidios es importante y sería absurdo negarla: el gobierno reporta una caída cercana a la mitad respecto del inicio del sexenio. Menos homicidios siempre son una buena noticia. Pero una cifra no explica por sí misma la realidad.
Persisten cuestionamientos sobre la metodología y las categorías utilizadas para registrar las muertes violentas, a los que el gobierno ha respondido sin conseguir disiparlos. Sobre todo, las desapariciones siguen siendo el enorme elefante sentado en medio de la habitación. No podemos sumar desaparecidos y homicidios como si fueran la misma cosa, pero tampoco fingir que son fenómenos independientes cuando México sigue encontrando fosas clandestinas y acumulando miles de personas cuyo destino desconocemos.
También hay un problema de causalidad. El gobierno atribuye la caída de los homicidios a su estrategia de seguridad, y es posible que una parte importante obedezca a ella: hay más inteligencia, investigación y persecución de estructuras criminales que durante el sexenio anterior. Pero todavía no sabemos cuánto corresponde a la acción del Estado y cuánto a la dinámica de las propias organizaciones criminales. Un territorio puede registrar menos homicidios porque el Estado recuperó el control, pero también porque un grupo criminal derrotó a sus adversarios. Menos violencia no significa necesariamente menos poder criminal.
La pregunta relevante, por tanto, no es solamente cuántos homicidios tenemos, sino cuánto territorio, cuántas policías, cuántas economías locales y cuántos gobiernos ha recuperado el Estado. En esa materia, el Informe ofrece muchos números y todavía pocas respuestas.
El segundo gran éxito presumido es el salario mínimo. Hay que reconocer algo que durante años muchos se negaron a aceptar: aumentarlo fue una buena política. México había castigado durante décadas el ingreso de los trabajadores. Recuperar el salario mínimo mejoró el poder adquisitivo, empujó otros salarios hacia arriba y no provocó la catástrofe de inflación y desempleo que anunciaban sus críticos. Fue una receta correcta para un problema concreto.
Pero las buenas recetas también alcanzan sus límites. Hoy el problema laboral mexicano no consiste solamente en cuánto gana quien tiene un empleo formal, sino en cuántos mexicanos consiguen entrar y permanecer en él. La informalidad sigue absorbiendo a más de la mitad de los trabajadores y los registros patronales ante el IMSS presentan una caída anual, aunque continúe creciendo el número total de empleos formales.
No afirmo que aumentar el salario mínimo haya causado esos fenómenos. La economía es bastante más complicada. Afirmo algo más sencillo: seguir aumentando el salario por decreto ya no resuelve el problema que tenemos enfrente. La pobreza se refugia crecientemente en la informalidad, donde el salario mínimo, las vacaciones, el aguinaldo, la seguridad social y muchos otros derechos existen mucho más en la ley que en la vida cotidiana.
El siguiente paso exige crecimiento, productividad, empresas, inversión y formalización. Y ahí el panorama deja de ser luminoso. La economía mexicana creció apenas 0.7 por ciento en 2025 y para este año las expectativas rondan un mediocre 1.5 por ciento. Sin inversión privada suficiente y con una inversión pública constreñida, repartir mejor lo que producimos puede aliviar la desigualdad, pero no sustituye la necesidad de producir más.
Llegamos así al tercer problema, probablemente el más peligroso porque conecta con todos los demás: las finanzas públicas.
El gobierno mexicano se ha comprometido a gastar cada vez más mientras la economía crece muy poco. Pensiones contributivas y no contributivas, becas y programas sociales compiten por recursos con el costo financiero de la deuda, la salud, la educación, la seguridad, la infraestructura y un Pemex que continúa necesitando el auxilio del gobierno federal.
A ello se agregan decisiones difíciles de justificar económicamente, pero imposibles de abandonar políticamente: Mexicana, el Tren Maya y otras criaturas del sexenio anterior consumen recursos simplemente porque forman parte de un legado que no se puede cuestionar.
Pemex resume perfectamente la contradicción. El gobierno celebra la reducción de su deuda, pero esa mejoría ha requerido un gigantesco respaldo de Hacienda. Cambiar la deuda de bolsillo no equivale a resolver el problema. Mientras la petrolera necesite al gobierno federal para sostenerse, su riesgo seguirá siendo, en buena medida, riesgo de todos los contribuyentes.
La deuda pública tampoco es todavía una crisis, pero su trayectoria importa. El propio gobierno estima el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público alrededor de 53.5 por ciento del PIB para 2026. El problema no es que México vaya a quebrar mañana, sino que cada año tiene más compromisos permanentes y menos espacio para enfrentarlos.
La recaudación ha crecido mediante una fiscalización cada vez más intensa. El SAT ha encontrado dinero debajo de prácticamente todas las piedras de la economía formal. Eso puede ser correcto cuando significa cobrar a quien evade, pero no constituye una fuente infinita de recursos. Llega un momento en que ya no basta cobrar mejor a los mismos contribuyentes. Sin crecimiento económico, no existe terrorismo fiscal capaz de financiar eternamente un Estado que gasta cada vez más.
Ésa es quizá la gran contradicción económica de la Cuarta Transformación. Ha sido bastante eficaz para distribuir mejor una parte de la riqueza existente, pero todavía no demuestra que pueda construir una economía capaz de generar suficiente riqueza nueva para sostener permanentemente esa distribución.
Sheinbaum lo sabe. Probablemente por eso habla más de inversión, infraestructura, relocalización industrial y disciplina fiscal que su antecesor. El problema es que, para corregir el rumbo, tendría que cuestionar algunas de las decisiones que heredó, y hacerlo implicaría reconocer que López Obrador no siempre tuvo razón.
Ahí están sus límites.
Dos años después, Claudia Sheinbaum tiene poder de sobra para transformar al país, pero paradójicamente parece disponer de muy poco para transformar su propio movimiento. Puede cambiar la estrategia de seguridad, pero todavía no explicar el enorme agujero de las desapariciones. Puede seguir aumentando salarios, pero no decretar productividad ni crecimiento. Puede prometer disciplina fiscal, pero debe pagar las pensiones, rescatar Pemex y mantener vivos los monumentos políticos de su antecesor.
Quizá ésa sea la mejor manera de entender su Segundo Informe. No es un mal gobierno sin resultados; sería demasiado sencillo decirlo y además sería falso. Hay resultados que deben reconocerse. El problema es que, después de dos años, seguimos sin saber cuánto de este gobierno pertenece verdaderamente a Claudia Sheinbaum y cuánto sigue siendo la prolongación administrativa del anterior.
Ha tenido dos años, muchísimo poder y todavía muy poco gobierno propio.
