La «lista» de la 4T: Cuando la magnitud del señalamiento revela que el problema es el gobierno
El reciente ejercicio presentado desde la tribuna oficial por la Consejería Jurídica de la Presidencia, a cargo de Luisa María Alcalde, en el que se expuso un supuesto «ecosistema digital» de críticas a la administración pública, cruza una línea delicada en el ejercicio del poder al elaborar mapeos que vulneran el debate democrático.
El peso de las voces exhibidas: La gravedad del hecho no se limita a identidades individuales, sino a que la fiscalización discursiva se dirigió contra figuras centrales de los medios de comunicación, analistas de amplia trayectoria y comunicadores de primer orden. Exponer a profesionales del periodismo desde el aparato de comunicación del Estado distorsiona el concepto de réplica y se aproxima a un señalamiento institucionalizado contra el libre pensamiento.
Proyección nacional e internacional: El alcance de los mapeos no se detuvo en la esfera local; incorporó a referentes globales y plataformas con proyección internacional.
Agrupar a voces de diversas latitudes bajo la narrativa de un «ataque coordinado» pretende restar credibilidad al ejercicio periodístico, sin importar la trinchera o el país desde donde se ejerza.
El absurdo de las 560 mil cuentas: El informe oficial llegó al extremo de clasificar un volumen de más de medio millón de perfiles como parte de una operación automatizada. Agrupar una cifra tan desorbitada en un mismo saco diluye cualquier rigor analítico y convierte a la discrepancia en un delito estadístico. Lejos de amedrentar, la enormidad de esa cifra proyecta una realidad ineludible: cuando el gobierno afirma que más de medio millón de voces se expresan en su contra, el problema ya no es un ecosistema digital; el problema es la propia gestión de la 4T.
La lectura irónica de la opinión pública: Lejos de provocar el efecto amedrentador deseado, este tipo de generalizaciones generó una reacción satírica en la sociedad. La percepción ciudadana coincide en que, ante semejante inventario, en el México actual si no estás en esa lista, estás fallando en tu deber de cuestionar al poder y te vuelves parte del problema.
Uso desproporcionado de la infraestructura pública: Convertir una sección institucional en un espacio para clasificar a periodistas y ciudadanos críticos desvirtúa la función pública. El derecho de réplica exige responder a hechos concretos con datos y precisión, no confeccionar diagnósticos para estigmatizar la libertad de expresión.
Un gobierno democrático fortalece su legitimidad respondiendo a los cuestionamientos con transparencia, apertura y resultados, un gobierno populista responde al disenso con inventarios y estigmatización en lugar de rendir cuentas con datos y transparencia sobre su ejercicio público.
