Jaime Darío Oseguera Méndez
La tragedia de Ayotzinapa con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas mancha casi todos los ámbitos de nuestra vida pública. Vuelve a ser noticia con la detención del ex gobernador Ángel Aguirre y, porque no hay justicia.
Primero, es una calamidad, una catástrofe, que mueran jóvenes estudiantes en manos de la delincuencia organizada. Cualquiera que sea el escenario. Es el drama de una sociedad con altos niveles de decadencia en muchos de sus espacios de la vida cotidiana. El destino de México está amenazado si siguen siendo asesinados jóvenes, estudiantes, quienes en teoría son el futuro y en la realidad se convierten cotidianamente en la carne de cañón para alimentar algunas de las cadenas delictivas.
El reclutamiento de jóvenes en México para diversas tareas de la delincuencia debería ser motivo de programas especiales de atención, porque la consecuencia es el alto índice de homicidios a nivel nacional.
Nadie dice que los desaparecidos de Ayotzinapa tengan vínculos indeseables. Sólo hay suficientes evidencias de que fueron parte de una serie de eventos en los que bandas criminales los pusieron en medio de sus acciones y dramáticamente los ultimaron.
Segundo, la detención de Ángel Aguirre y los señalamientos que que ocultó información decisiva para definir el rumbo de las investigaciones, ponen en evidencia la colusión de ciertos niveles de la actividad política con la delincuencia organizada.
No hay forma de entender el grado de penetración de la delincuencia, los homicidios y la violencia, sin la participación del poder político, al menos de ciertos mandos vinculados con la actividad política. Sean corporaciones de seguridad pública, presidentes municipales o gobernadores como en este caso.
Con el gobernador está detenido también desde hace años el Presidente Municipal de Iguala y en ambos casos los indicios es que formaban pate de esa red de apoyos y consentimiento.
Ángel Aguirre Rivero ha sido un miembro importante de la clase política nacional y una referencia en Guerrero. Fue dos veces Gobernador, legislador en varias ocasiones. La carpeta de investigación a través de la cual lo detienen, salpica a buena parte de la clase política ya bastante desacreditada.
El proceso tendrá que seguirse para que se le sentencie o absuelva. Más allá del derecho constitucional de cualquier ciudadano a la presunción de inocencia, la gravedad de los señalamientos y la propia carpeta de investigación amerita un alto en el camino y debería ser la llamada de atención para una remoción profunda del sistema político.
Guerrero siempre ha sido un estado con altos niveles de violencia y subdesarrollo político, pero es parte de la federación, por lo que a nadie le sirve de consuelo decir que asi funcionan las cosas allá y que es más o menos ordinario el involucramiento de funcionarios.
Tercero, la tragedia del sistema de justicia. Es un asunto profundamente lamentable y delicado que el sistema de justicia no haya tenido en diez años, la información para proceder legalmente por estos actos.
Lo anterior quiere decir que los jueces están inertes ante los fenómenos sociales y las conductas antijurídicas. No es un asunto partidista, en las últimas dos décadas el sistema de justicia sufrió al menos dos grandes cambios que en muchos países no se han dado en siglos.
La transición al sistema de justicia oral fue dramática y no necesariamente se ha terminado de asentar en nuestra cultura jurídica. La búsqueda de la verdad de los hechos no debe ser sustituida por la resolución de los conflictos, por mucho que políticamente sea deseable.
La sensación de que el sistema de justicia oral no ha caminado por buenos senderos, tiene que ver con la percepción de que la justicia formal no funciona del todo bien, o que la impunidad tiene sus propias parcelas donde el discurso sobre el Estado de Derecho choca con la dura realidad de las injusticias que se cometen y se comentan diariamente.
No sería correcto evaluar la nueva manera de conformar el sistema de justicia a partir de hechos que sucedieron hace más de una década como los de Ayotzinapa, pero el desafío es inmenso. La transición de elegir a jueces por voto directo tiene el reto de dar resultados pronto. Tendrá que resolver el problema de sus antecesores y los suyos. Es una carrera pesada y seguramente riesgosa.
Cuarto , el drama del sistema de seguridad pública y procuración de justicia. Es claro que no desarrollan las mismas tareas (Seguridad Pública y Fiscalía) pero sin duda son complementarios en el ejercicio de la ley y la sensación de una sociedad más igualitaria, y justa.
Parece imposible, como de película de terror, que tantos años después se tengan aún estas dudas respecto de la integración eficiente de las carpetas de investigación y que hagan falta elementos o que no sepan casi nada. Es absurdo que un asunto tan importante como el que lee imputan a Aguirre, haya sido subestimado, obviado o definitivamente olvidado por los gobiernos en turno, las fiscalías o los jueces mismos.
Se dice que él ordenó la destrucción física de los videos que exhiben la participación de la policía en la desaparición de los normalistas. Al menos ordenó que no estuvieran disponibles para la justicia lo cual es un delito. En algún punto las versiones parecen extraídas de la ciencia ficción porque se conjugan todas las deficiencias, violaciones, excesos y estupideces que en conjunto hacen que el sistema de justicia no tenga credibilidad.
Quinto ¿Qué ha pasado con el sistema de atención a víctimas? ¿Funciona? ¿Ha cambiado? ¿Tendría que cambiar? La brega, el peregrinar de los padres de los normalistas en su apostolado por encontrar respuestas, ha dejado en evidencia que las víctimas, si es que alguien se acuerda de ellas, son siempre las que vienen al final.
