Sostuvo que la reforma repite un error que se ha presentado durante años en el sistema político mexicano
Por: Catalina LS
04 de junio 2026.- La creación de mecanismos para verificar la integridad de las candidaturas y detectar posibles vínculos con el crimen organizado parece, en principio, una medida positiva para fortalecer la democracia; sin embargo, existe el riesgo de que se esté asignando a las autoridades electorales una responsabilidad para la que no cuentan con las herramientas ni las capacidades necesarias, advirtió el analista político Antonio Plaza.
En entrevista para Esfera Noticias, Plaza consideró que la intención de establecer filtros y procesos de revisión de candidaturas responde a una demanda legítima de la sociedad ante la creciente preocupación por la infiltración del crimen organizado en la política.
Sin embargo, sostuvo que la reforma repite un error que se ha presentado durante años en el sistema político mexicano: cargar a los órganos electorales con tareas que corresponden a otras instituciones del Estado.
Y es que, para el analista, la detección y persecución de personas vinculadas con actividades criminales debería recaer en las instituciones de procuración de justicia y seguridad nacional, que son las encargadas de investigar delitos y ejecutar acciones legales.
“En un país donde las cosas funcionaran correctamente, una persona vinculada con la delincuencia que pretende llegar a una candidatura sería investigada, perseguida y detenida por las autoridades correspondientes. Ese es el trabajo de los órganos de procuración de justicia, no de los organismos electorales”, señaló.
En este sentido, Plaza consideró que la debilidad institucional en materia de seguridad e investigación criminal ha provocado que se busquen soluciones dentro del ámbito electoral para problemas que tienen un origen distinto. A su juicio, los elevados niveles de impunidad que existen en México dificultan cualquier intento de construir filtros efectivos para impedir que perfiles cuestionados participen en los procesos electorales.
Desde su perspectiva, los nuevos procedimientos de verificación podrían terminar siendo insuficientes para cumplir el objetivo que persiguen y, al mismo tiempo, representar una carga adicional para las autoridades electorales.
Además, alertó sobre el riesgo de que estos mecanismos puedan utilizarse con fines políticos o partidistas, especialmente en un contexto de creciente polarización.
Es así que, para el analista, el combate a la infiltración del crimen organizado en la política requiere fortalecer a las instituciones de seguridad y procuración de justicia, más que trasladar esas responsabilidades a los organismos encargados de organizar y arbitrar las elecciones.
