Jaime Darío Oseguera Méndez
Las manifestaciones realizadas por Estados Unidos señalando a funcionarios de Sinaloa por sus vínculos con el crimen organizado han puesto un escenario complejo para el desarrollo de los acontecimientos políticos. En particular, estos hechos parecen poner al gobierno entre la espada y la pared.
No hay que ir muy lejos para entender que el Gobierno de los Estados Unidos está jugando su papel de cara a las elecciones y lo hace tratando de justificarse a toda costa ante sus votantes.
Puede haber una convicción muy determinante respecto del combate a las drogas, pero en el fondo el tema es electoral. El gobierno quiere decirle a sus electores que no es una pifia y que puede tener éxito en algunos de los proyectos que emprende.
Ya les ha fallado el tema de Ucrania en esta guerra interminable que tiene a Europa en constantes tensiones. Ya no es tema para Estados Unidos lograr la paz porque evidentemente no lo pudo conseguir el Presidente Trump ya que no es un asunto sencillo y hay muchos intereses globales de por medio.
Luego viene la reacción de millones de personas contra la escalada de violencia en Palestina, en la que no habrá terminación, porque es una guerra que tiene varias centurias y en la que Estados Unidos al defender a su aliado histórico Israel, mantiene confrontaciones domésticas que reviven miedos innecesarios y polarizan a la sociedad en los Estados Unidos.
Irán es el último eslabón de esta cadena de fracasos para imponer la doctrina “Donroe”, esta idea de Trump de que Estados Unidos tiene que volver a ser la súper potencia que ya no es.
Derivado de todos estos desatinos a los que ha estado expuesto el Presidente Donald Trump en materia de política exterior, le urge, es un asunto de altísima prioridad tener éxito en alguna decisión externa, que consolide su presencia en el interior, donde las guerras han aumentado el precio de los productos, básicamente porque en cualquier cadena de suministros aparece el petróleo o el gas como insumos necesarios y los conflictos mencionados, los tres, están relacionadas con la producción o distribución de hidrocarburos en el mundo.
Ahí aparece México. Resulta atractivo, antojable para Estados Unidos señalar a México. Ha resultado positivo su activismo político con las decisiones, comentarios, amenazas respecto de los temas bilaterales con nuestro país.
Durante mucho tiempo ha sido la migración el tema que encabeza su agenda. Ya no parece tan redituable, no tiene tanto éxito como al principio cuando el gobierno de Estados Unidos tomó medidas radicales de deportación y refuerzo de la frontera.
Después de varios incidentes, muertos, expulsión de gente indefensa e inclusive ciudadanos americanos, a lo que le siguieron protestas severas, seguramente midieron que no era el mejor momento para continuar redadas y anunciar su refuerzo de la frontera, pero su pleito con México sigue.
Entonces siempre es atractivo culpar a México por algunos de los males que tiene Estados Unidos y, en términos electorales, son causas válidas para los votantes: la delincuencia en las calles, el aumento en la drogadicción de sus jóvenes a través del fentanilo.
Ambas se las atribuyen indebidamente a la debilidad de los gobiernos en México. Así que nadie parece dudar de que estos señalamientos sobre narco políticos, tengan un origen estrictamente electoral, para aumentar la popularidad de Trump al decir que está combatiendo el tráfico de drogas y la corrupción en México, aunque digan que se llevan muy ben los gobiernos, parezcan grandes amigos y tengan una relación aparentemente cordial.
Hace falta ver qué pruebas se aportaron para pedir la detención o extradición de los funcionarios mexicanos de Sinaloa. Por lo pronto el gobernador renunció ante la presión que sí ha generado en la opinión pública el señalamiento. Ahí es donde el gobierno mexicano se encuentra entre la espada y la pared.
Tendría que haber elementos contundentes para lanzar acusaciones tan serias. De este lado dicen que no las hay. Parece que no hay pruebas, pero tampoco dudas del involucramiento de funcionarios mexicanos en diferentes niveles.
Esa situación pone al Gobierno de México entre la espada y la pared. Por un lado tiene que defender la soberanía del país y no porque el gobierno americano acuse a funcionarios, quiere decir que tiene las pruebas suficientes para incriminarlos.
Es un deber político y jurídico hacer valer los derechos de mexicanos aún en el escenario de las presiones a que está siendo sometida.
De hecho vienen más menciones, filtraciones, señalamientos, acusaciones con o sin sustento que ponen a temblar a cierto sector de la clase política. Ya dijo su fiscal que vienen mas cargos contra políticos mexicanos. Y eso pone entre la espada y la pared al gobierno.
No puede el gobierno entregar a gente sin pruebas. También tienen que defender o al menos proteger a sus aliados políticos. Es natural. Más cuando se trata de aliados del «proyecto original», en el que una parte sustantiva fue el combate a la corrupción, la impunidad y el crimen organizado.
Una buena parte de la fuerza moral que adquirió Morena para convertirse en gobierno fueron los señalamientos contra la clase política tradicional acusada de todo tipo de conductas impropias y delictivas.
Así que hoy, cuando hay señalamientos de que ellos mismos están involucrados en el principal desafío de la política en el país, como es el combate a la corrupción, delincuencia e impunidad, tendrán que actuar contra quienes están señalados.
Si los defienden y hay evidencia, el costo político será muy alto. En un contexto de esa naturaleza no dudo que pongan en riesgo algunas gubernaturas el próximo año o inclusive la tan deseada mayoría calificada que les permita reformar la Constitución con sus propios votos, sin tener que negociar con la oposición.
En toda esta trama, parece que a nadie le importa la justicia ni la verdad. Los ciudadanos también estamos entre a espada y la pared.
