Jaime Darío Oseguera Méndez
La relación histórica de México con Estados Unidos bien podría describirse como un gran mosaico de diferentes momentos que van desde lo más álgido y grotesco, pasando por momentos de cercanía política sin dejar de reconocer los vínculos históricos y culturales que tienen a nuestros pueblos indisolublemente unidos por más que una frontera.
Son evidentes los orígenes distintos de nuestros países, para orgullo de cada lado de la frontera. Estados Unidos siempre ha sido un testigo incómodo, a veces violento, intervencionista pero siempre testigo de nuestras coyunturas históricas.
No les debemos. En todo caso nos deben. Aún cuando desde Miguel Hidalgo nuestros héroes y antihéroes han corrido a la frontera persiguiendo el apoyo de los gringos, ya sea para recibir financiamiento, armas, ejércitos o simple refugio.
En su momento Juárez o Madero acudieron al norte en busca de apoyo económico, moral y político. Son dos de los emblemas de nuestro acercamiento en decisivos para el país, que por cierto, exhiben diferentes fases de la vocación imperialista del vecino.
Pero también Santa Ana y otros traidores más recientes apostaron a la intervención del Tío Sam, como muchos otros que confiaban que el apetito expansionista de Estados Unidos sería el incentivo para meter sus narices tratando de decidir el rumbo del país. Incómodo, pero vecino al fin.
Hoy tenemos dos eventos importantes para la vida del país que van a marcar el rumbo de las relaciones de México con Estados Unidos.
Por un lado, la noticia de que el gobierno de Chihuahua aceptó o propició la participación de agentes extranjeros en tareas de inteligencia y operativos contra el crimen organizado ha vuelto a poner en tela de juicio el concepto de soberanía.
De aquel lado lo tuvo que aprobar el gobierno de Estados Unidos.
Es una facultad exclusiva del ejecutivo federal preservar la seguridad nacional. Si están entrando agentes de Estados Unidos a “contribuir” en esa tarea tendrían que ser autorizados por el ejecutivo para actuar en el país.
No es una facultad de los Estados de la República auspiciar o tolerar la presencia de agentes extranjeros, en este caso de la DEA o de la CIA, agencias encargadas de dar seguimiento a los delitos federales en materia de delincuencia organizada y narcotráfico.
Si el gobierno de Chihuahua hizo participar a agentes de la CIA en tareas de identificación y combate a los narcolaboratorios, comete una falta grave en términos constitucionales, pero ahí viene la paradoja: aparentemente se tiene que traer agentes extranjeros para combatir al crimen en la presunción de que las agencias de seguridad locales están profundamente coludidas con la delincuencia organizada.
Hay un grave conflicto diplomático si mueren agentes extranjeros en México; más aún si estaban trabajando encubiertos, sin el permiso de los gobiernos y realizando tareas que no les corresponden.
La globalización ha desdibujado el concepto de soberanía. Al menos se ha transformado porque la información de lo que sucede en un país fluye de forma vertiginosa y es imposible ocultar que en un operativo contra la delincuencia el gobierno de Chihuahua se hizo acompañar de agentes extranjeros y murieron.
Siempre es importante que un gobierno tenga un alter, alguien que lo cuestione y frene sus apetitos. Es una paradoja que el gobierno de Donald Trump se haya convertido en el principal contrapeso para el mexicano.
Regularmente no hemos aceptado que el Gobierno de los Estados Unidos se asuma como el policía del mundo, confrontándolo con nuestros principios de autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de controversias, pero hoy, Trump se encuentra en la fase más potente de su doctrina imperialista y los actos que realiza pudiera tener consecuencias irreversibles para el mundo, como la guerra con Palestina, Irán o el aumento sustantivo a los aranceles que han modificado el panorama del comercio internacional.
El otro evento es más grave: la denuncia por parte del gobierno de los Estados Unidos sobre la vinculación del gobernador de Sinaloa en el narcotráfico. Él gobernador junto con el senador, Presidente Municipal y medio gabinete.
Es un golpe fulminante para Morena previo a un año electoral, que los Estados Unidos exhiban algo que todo mundo parece conocer. El involucramiento del gobernador de Sinaloa aparentemente se exhibió en la detención de Ismael Zambada quien presuntamente habría sido convocado a la reunión donde lo secuestraron por el propio Gobernador.
Hoy Estados Unidos pide la extradición de una decena de funcionarios de alto nivel y surge la controversia. ¿Tuvo que ser Estados Unidos quien haga el señalamiento sobre asuntos de narcotráfico en la política?
El gobierno de México no acepta que existan pruebas contundentes contra Rocha y sus funcionarios. Todo indica que lo van a proteger aún más de lo que ya lo han hecho y esa decisión le pesará electoralmente a Morena tarde o temprano.
Le pegan donde más duele, porque el electorado puede estar necesitado, comprometido o engañado pero se da cuenta de este tipo de problemas y lo que menos quiere Morena es ser señalado como responsable de un fenómeno que, si bien es cierto tiene años, ellos mismos prometieron combatir.
Habrá quien se alegre de que este golpe a la clase política nacional llegue desde los Estados Unidos. No tendría que ser una acción de festinar. Lo cierto es que en esa materia, el tribunal más temido para el crimen organizado no está en México sino en Nueva York.
No hay en este momento en México quien se convierta en la oposición o contrapeso al gobierno, porque no tienen fuerza ni legitimidad para hacerlo los partidos, la vieja y caduca clase política, los empresarios ni en realidad los medios de comunicación.
El gran contrapeso en este momento es el gobierno de Trump, quien con el carácter y ocurrencias de su imperialismo renovado, honestamente se vuelve preocupante y un peligro para todos.
