Morena quiere acabar con todas las voces críticas de la sociedad.
Morena nunca ha creído en la sociedad civil organizada. Desde su etapa de jefe de gobierno, AMLO se enfrentó duramente con varias organizaciones, y si bien aprovechó las críticas que ellas planteaban, particularmente al gobierno de Peña Nieto, nunca las consideró sus aliadas. Y al llegar al gobierno lo demostró. Hoy esa estrategia sigue, con mayor dureza incluso bajo Claudia Sheinbaum.
En los días cándidos que siguieron a la ya lejana alternancia del 2000, uno de los diagnósticos que se obtuvieron fue que, en México, tras décadas de autoritarismo no había “capital social”: los mexicanos, apáticos y desconfiados, antes de unirnos para resolver problemas sociales o para exigirle cuentas al gobierno preferíamos establecer relaciones clientelares y de corrupción con el poder público. Para un país que buscaba consolidarse como una democracia era importante desarrollar una sociedad civil organizada, y para ello se lanzaron políticas que apoyaban iniciativas ciudadanas y promovían la filantropía y ampliaban el marco jurídico de las organizaciones.
El resultado no fue el óptimo, pero sí hubo un amplio desarrollo de las OSC y la agencia pública. Muchos programas gubernamentales contaban con el respaldo y la vigilancia de la sociedad y muchas voces críticas en diferentes materias se formalizaron y establecieron un marco de cooperación con el Estado. Si bien se desarrollaron nuevas formas de clientelismo y corrupción al amparo de estas políticas, el balance fue positivo. En materias como anticorrupción, eficacia gubernamental, seguridad, educación, medio ambiente, salud y desarrollo comunitario las agendas ciudadanas se volvieron relevantes, se impulsaron reformas legales y hubo referentes críticos a la acción y omisión gubernamental, incluso creando el clima político para las nuevas alternancias presidenciales en 2012 y 2018.
Frente a la crítica ciudadana AMLO reaccionó, no solo con dureza retórica usando el aparato de comunicación de la Presidencia (como hasta la fecha lo hace Sheinbaum), sino que se lanzó contra los mecanismos institucionales que habían nutrido el desarrollo de la sociedad civil organizada: desapareció el Indesol y los programas de coinversión y agencia, y en el SAT apretaron para complicar y reducir la filantropía, aumentando los requisitos y la vigilancia sobre las famosas asociaciones civiles donatarias.
Como en otros temas, fue la victoria de Claudia Sheinbaum la que marcó la aceleración de la estrategia autoritaria. Desde finales de 2024 decenas de donatarias han sido sancionadas, restringidas o de plano excluidas, sus trámites detenidos por meses y se han cerrado los caminos para recibir fondos internacionales, que también viven un mal momento desde que Trump arremetió contra USAID, la agencia de cooperación global más importante, y la dejó sin dinero. ¡Los autócratas se parecen tanto!
Este tema saltó al centro de la discusión pública cuando el propio AMLO rompió su retiro para pedir donativos para una de estas asociaciones que han sido su bestia negra, y que además se constituyó en tiempo récord y sin que exista claridad de que puede hacer llegar legalmente los donativos a Cuba y que no es un mecanismo de lavado dinero y evasión fiscal, conductas que son ya marca de la casa.
La premisa de hace un cuarto de siglo, que una democracia fuerte necesita una sociedad civil organizada robusta, independiente y crítica y que para ello se necesitan políticas públicas que la nutran, está más vigente que nunca, porque además ahora tenemos evidencia favorable. Es momento de salir en defensa de las OSC y redoblar esfuerzos para crear capital social, pueden ser de las últimas líneas de defensa de la democracia mexicana.
