Yurisha Andrade Morales
La semana pasada fue crucial para la organización del proceso electoral federal judicial. El lunes la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver una impugnación del Senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, determinó que ni el Instituto Nacional Electoral ni otras autoridades pueden detener o suspender las actividades que se derivan de dicho proceso, dado que tiene una naturaleza de orden público y su realización está ordenada por la Constitución. Acto seguido, el jueves el INE procedió a la instalación de la Comisión que será responsable de coordinar el desarrollo del proceso, cuyo costo estimado es de 13 mil 205 millones de pesos, sujetos a la revisión de la Cámara de las y los Diputados.
Como antecedente, se sabe que el INE ha recibido notificaciones de más de 520 juicios de amparo promovidos en contra de la reforma judicial y su implementación, 330 de los cuales implican alguna suspensión provisional o definitiva para que no se avance en los trabajos correspondientes que fueron objeto de la impugnación resuelta por el TEPJF por la vía de una acción declarativa. Así, el Tribunal señaló que, “para efectos de cumplir con el mandato constitucional dispuesto por el Órgano Reformador de la Constitución en el Decreto de reforma judicial publicada en el DOF el quince de septiembre del presente año, (se decreta) la garantía de continuidad de las actividades relacionadas con el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación a cargo del Senado, INE y otras autoridades competentes” (SUP-AG-632/2024, pág. 22).
En su sentencia de acción declarativa, el Tribunal reiteró que, por disposición constitucional y legal, en la materia electoral no procede la suspensión de los actos electorales con motivo de la interposición de medios de impugnación y que la suspensión es una medida provisional cuyo propósito es impedir que se ejecuten los actos impugnados o que se produzcan o continúen realizando sus efectos hasta que se emita una sentencia que resuelva la controversia. Para el Tribunal esto es congruente con la excepción establecida en el artículo 107 constitucional, respecto a que no es procedente el amparo en controversias de carácter electoral, pues esta materia tiene una regulación estatal que obliga a proteger el derecho de elegir a las autoridades y participar de manera democrática en los procedimientos de elección.
En consecuencia, la determinación implica que el INE tiene semáforo en verde para avanzar en la organización de las primeras elecciones judiciales en la historia de nuestro país que habrán de celebrarse el 1° de junio de 2025. En paralelo, la institución electoral enfrenta una delicada negociación con las y los diputados para conseguir la aprobación de los recursos presupuestados; también, el martes de la semana pasada la Consejera Presidenta del INE se reunió con el Dip. Ricardo Monreal, Coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, ambos declararon que revisarán las partidas presupuestales solicitadas por el INE con el acuerdo de reducir los montos, pese a que unos días antes, Guadalupe Taddei había informado que, si la Cámara reducía los recursos solicitados, la institución no podría instalar la totalidad de las poco más de 172 mil casillas previstas hasta el momento.
En otro rubro de esta elección, ayer por la noche se cerró el plazo para que las personas interesadas en competir por alguno de los cargos públicos judiciales se inscribieran ante los Comités de Evaluación integrados por los tres poderes de la Unión. Veremos, primero, qué datos se informan sobre el número total de aspirantes y cuántos de ellos son personas juzgadoras en funciones; y después cómo se aplica el proceso de selección de las personas aspirantes que aparecerán en las boletas. Lo deseable es que prevalezcan criterios de imparcialidad, objetividad y máxima transparencia para identificar los mejores perfiles de los que saldrán los nuevos jueces y juezas.
Con todos estos tópicos, el hecho concreto es que las elecciones judiciales avanzan en un entorno de una enorme deliberación pública sobre los posibles efectos que las elecciones tendrán sobre la democracia constitucional mexicana y en relación con el sistema de administración de justicia de nuestro país.
* Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
