La legisladora presentó una iniciativa para la eliminación del consentimiento de padres o tutores para que da legalidad a las uniones de menores de edad.
Morelia, Michoacán a 31 de octubre de 2024.- Michoacán se ha encontrado entre los estados con las tasas más altas de matrimonio infantil, junto con Guerrero y el Estado de México, panorama en el que la diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola Ruiz presentó una iniciativa para avanzar en el combate a este delito.
Entre 2010 y 2016, se reportaron casos de hombres mayores de 60 años casándose con niñas de hasta 14 años en Michoacán y otros estados; en algunas regiones pueden superar el 10% de los matrimonios registrados. En 2022, se registraron más de 12,000 embarazos en adolescentes de 10 a 19 años en Michoacán, que refleja un alto índice de embarazo adolescente, que está relacionado con la práctica del matrimonio infantil. Y en el mismo año, se reportaron 328 embarazos en niñas de entre 10 y 14 años.
“Son cifras que ponen de manifiesto la urgencia de abordar este tema y las consecuencias que trae para cuidar a las infancias de nuestro estado y país.
Es importante hacer mención de que, en las comunidades indígenas, en muchas ocasiones, son desconocidos los derechos humanos que tiene cada persona por la falta de difusión y comunicación por parte de las instituciones y por la lejanía de las comunidades, lo que genera que no sea suficiente el reconocimiento judicial de los derechos humanos”, precisó la legisladora.
Arreola Ruiz recordó que la prohibición de los matrimonios infantiles en Michoacán y en todo México no solo fue un imperativo legal, sino un acto de justicia social que debe ser respaldado por toda la sociedad.
Por ello lamentó que a pesar de que existe la reforma al código penal que establece penas para quienes practiquen o participen en el matrimonio o práctica de vivienda que involucre a un menor de edad, no se ha publicado aún para formalizar su ejecución.
El exhorto a los legisladores integrantes de la LXXVI Legislatura es a que se dé seguimiento al tema que vulnera el bienestar de las infancias, adecuando el código para que no se avale el consentimiento de los tutores del menor en un proceso de unión de pareja.
“Hoy les pido que se unan a mí en esta lucha. La prohibición del matrimonio infantil no es solo un imperativo legal; es un acto de justicia social que debemos respaldar con todas nuestras fuerzas. Necesitamos implementar políticas efectivas, fortalecer los marcos legales y, sobre todo, trabajar codo a codo con nuestras comunidades para sensibilizar y educar. El futuro de nuestros niños y el desarrollo de nuestro estado dependen de la decisión que tomemos hoy”, acotó.
