Jaime Darío Oseguera Méndez
Se ha instalado la nueva legislatura del Congreso del Estado y con ello los mismos desafíos de cada tres años. Siempre que inicia un ciclo, se forma la expectativa de nuevas maneras y mejores resultados.
Más aún en el caso del Legislativo que conceptualmente es el corazón de un sistema político; lo conforman las partes del todo, con lo que se enriquece su funcionamiento y es la voz verdadera del soberano. Se suman ahí las ideas diversas, el pensamiento diferente, hasta opuesto. En eso reside la esencia de la democracia moderna que se significa por nuestra recia pluralidad.
Puede haber momentáneamente una fuerza política preponderante, como ha sucedido a lo largo de la historia del país. No es un escenario exclusivo de estos días. Las jornadas de nuestra política están cargadas de opiniones y manifestaciones polarizadas. Bien podríamos decir que el choque de esas verdades contrapuestas es la génesis de nuestra democracia.
No obstante lo anterior, somos plurales y el depósito de esa energía política está en el Poder Legislativo.
Serán los integrantes de la nueva legislatura, quienes deberán encargarse de tener un lugar en la historia política dependiendo de cómo se asuman a sí mismos en el ámbito de sus atribuciones y sus competencias.
Decía Aristóteles en “La Política” que “el legislador debe conocer la ciencia de los gobiernos y debe aplicarla a las ciudades… no basta proponer en teoría una República perfecta; es preciso, sobretodo, un gobierno practicable, de explicación fácil y común a todos los estados… debe saber además apreciar a la perfección las leyes y distinguir las que son propias a los diferentes sistemas de organización social… la Constitución es la organización de las magistraturas, la distribución de los poderes, atribución de la soberanía y el fin de toda sociedad política… es evidente que un hombre de Estado debe conocer las diferentes especies de gobiernos para darle buenas leyes.”
Como si lo estuviera diciendo hoy. Lo dijo hace la friolera de 2,300 años.
He dicho antes, y este es un buen momento para repetirlo, que el trabajo del legislador está sometido a pésimas formas de evaluación y análisis. De manera ordinaria, se exige que sea a través de la cantidad de iniciativas que presentan, como se mida la capacidad de los y las diputadas.
La opinión pública parece exigir que el trabajo del legislador se reduzca a abrumar de iniciativas el ya de por si saturado ámbito de nuestra vida legal. No nos faltan más leyes. Nos sobran. No es necesario que los legisladores se inventen reformas, adiciones, leyes nuevas porque ya estamos sobre regulados.
Sin embargo, a partir de esta percepción de que los legisladores ganan mucho y trabajan poco, se ha provocado un desprestigio marcado y, por qué no decirlo, hasta bien ganado.
La opinión pública y particularmente los medios de comunicación empujan a los legisladores a presentar iniciativas para justificar que son buenos, inteligentes, que sí trabajan y lo hacen para corresponder a los emolumentos que perciben.
El resultado es un masacote de iniciativas burdas, empalmadas con otras legislaciones anteriores. Algunas francamente absurdas o cuando menos inconstitucionales. Esta masa de energía inicial que se percibe y pulula en el entusiasmo de los nuevos legisladores, debería ser inducida hacia una verdadera rearticulación de las disposiciones legales.
En lugar de andar inventando iniciativas irracionales, extravagantes o a veces francamente risibles para darse a notar y hacer cómo que trabajan, debería haber un estudio serio de nuestra Constitución local y su legislación secundaria para derogar unas veinte o treinta leyes que no sirven para nada y que solamente complican el funcionamiento jurídico de nuestras instituciones.
La corrupción también tiene una base en la sobre regulación de nuestro sistema.
Bien valdría la pena por ejemplo revisar todas las disposiciones y leyes especiales en materia penal para ver si no es necesario mejor volver al esquema de un Código Penal único, fuerte, jurídicamente consistente y que no tenga posibilidades de ser burlado en la ambigüedad de las leyes.
Si quieren legislar mucho, pero también legislar bien, en este momento debería disponer la Junta de Coordinación Política un estudio a fondo, primero de la Constitución local para “limpiarla” de errores, inconsistencias, excesos, disposiciones en general que no deberían aparecer ahí o que hasta podrían estar en contra de la Constitución Federal.
De ahí se deberá derivar una tarea mayúscula: que se concentren en simplificar nuestro sistema normativo, deroguen lo que sea necesario y que nos brinden la joya de quedarnos con unas diez o quince leyes que concentren la estructura normativa para el buen funcionamiento del Estado.
¿Por qué no lo hiciste cuando fuiste diputado? me han preguntado. Sencillo: casi siempre en lugar del afán por transformar a Michoacán prevalecen las contiendas políticas ya sea entre partidos o, de manera señalada, al interior de cada partido. Esas disputas muchas veces se reducen a lo fatuo y frívolo: a saber quiénes tienen las posiciones al interior del Congreso. Terminan siendo pleitos callejeros por la gran cantidad de recursos económicos que ahí se reparten.
Serán ocho representaciones parlamentarias que integren los trabajos de la Septuagésima Sexta Legislatura en un hecho sin precedentes en la historia de Michoacán, además de dos diputados independientes que seguramente muy pronto formarán parte de las filas de algún partido, al menos al interior del Congreso.
Morena tiene 14, Verde 6, PT 5, PAN 4 con el PRI, PRD y MC con 2. Habrá una “Representación parlamentaria” con 3 y 2 independientes. Asi inician pero apuesto doble contra sencillo que no terminarán así.
Veremos que hacen, porque cuesta muchísimo dinero el Congreso y honestamente, pocos beneficios se ven de tanto gasto.
