Opinión
Lorena Cortés
Michoacán enfrenta una crisis de violencia letal que requiere atención prioritaria por parte del sistema de procuración de justicia y judicial. Sin embargo, surge un dilema sobre cómo abordar la protección de los animales víctimas de maltratos.
Sin duda la relación entre los seres humanos y los animales ha evolucionado significativamente a lo largo de la historia. Hoy en día, un creciente número de personas y estudios abogan por la humanización de los animales en términos legales, proponiendo que sean considerados víctimas del delito. Lo que ha suscitado debates éticos y legales sobre la condición humana y la animal.
Estsa demostrado que los animales tienen derechos inherentes basados en su capacidad de sentir dolor y sufrimiento. Que los animales son seres sintientes, que merecen ser protegidos contra el abuso y la crueldad, y deben ser reconocidos legalmente como víctimas en casos de maltrato.
Así mismo numerosos estudios científicos han demostrado que muchos animales poseen altos niveles de cognición y emoción. Investigaciones en neurociencia han mostrado que mamíferos, aves e incluso algunos invertebrados experimentan dolor y placer de manera compleja. Esta evidencia empírica proporciona una base sólida para argumentar que los animales deben ser protegidos legalmente contra el abuso y la crueldad.
Sin embargo, una de las principales controversias en este debate es la jerarquía de derechos y la condición humana. Algunos argumentan que equiparar los derechos de los animales con los de los seres humanos podría “diluir la gravedad” de los delitos contra las personas.
Las críticas sobre el derecho de los animales, sostienen que, aunque los animales merecen consideración ética, no deben ser colocados en el mismo nivel que los humanos en términos de derechos legales.
La creación de una nueva fiscalía especializada el delitos contra los animales en Michoacán, requiere asignación de recursos humanos y financieros significativos. En un contexto de violencia epidémica, estos recursos podrían verse mejor utilizados en combatir delitos de alto impacto que afectan directamente la seguridad humana.
De igual forma, la implementación de una nueva fiscalía requeriría una inversión significativa en términos de tiempo, dinero y personal capacitado.
Una alternativa puede ser utilizar el sistema de justicia cívica existente, que optimiza el uso de recursos al no requerir la creación de nuevas estructuras administrativas. Los recursos pueden dirigirse a mejorar la capacitación y la eficiencia dentro de la justicia cívica para manejar adecuadamente los casos de protección animal. El sistema de justicia cívica, puede ofrecer una respuesta más rápida a los casos de maltrato animal, actuando con mayor prontitud en la protección y rescate de los animales
En un estado como Michoacán, que enfrenta niveles epidémicos de violencia letal, feminicidios, desapariciones forzadas, extorsión generalizada y cobro de piso, la decisión entre crear una fiscalía especializada o delegar la responsabilidad a la justicia cívica debe basarse en una evaluación detallada de los recursos disponibles y las prioridades.Una fiscalía especializada requiere recursos significativos que podrían desviar la atención de la lucha contra los delitos que se han convertido en un lastre social para la sociedad.
