Opinión
Lorena Cortés
La reciente decisión del gobernador Alfredo Ramírez de nombrar a Juan Carlos Oseguera, sin experiencia en el ámbito de la seguridad, como él mismo lo manifestó, representa más un desafío que certezas en los esfuerzos por mejorar la seguridad en Michoacán. Esta acción parece ser un claro ejemplo de la paradoja del gatopardismo, descrita por Giuseppe Tomasi di Lampedusa en su famosa obra «El Gatopardo», donde se cambia todo para que nada cambie.
A medida que nos acercamos a la mitad de la administración del Gobernador Ramírez Bedolla, aunque ha habido algunos avances, como la reducción del homicidio doloso, es evidente que la gestión bedollista no ha logrado instaurar una política criminal integral que articule eficazmente todos los eslabones de la cadena de seguridad. Este contraste es particularmente notable cuando se compara con la exitosa estrategia implementada por Rubén Moreira en Coahuila.
Rubén Moreira, durante su mandato en Coahuila, implementó una política criminal tomando en cuenta una serie de medidas que no solo mejoraron significativamente la seguridad, reduciendo los homicidios en un 57%, sino que también sentaron las bases para una estrategia sostenible a largo plazo. Su estrategia, detallada en el libro «Jaque Mate al Crimen Organizado» (Aguilar, 2022), se centró en un enfoque integral y basado en evidencia, que involucraba a todas las partes de la cadena de seguridad.
Para enfrentar el complejo fenómeno de la inseguridad en Michoacán, es imprescindible contar con mandos policiales bien formados y preparados, que no se limiten a la actuación de disuasión policial, que es muy importante pero no suficiente. Es necesario adoptar un enfoque multidimensional del crimen que tome en cuenta los ámbitos donde se desarrollan las violencias y la complejidad del fenómeno delictivo, caracterizado en Michoacán por grupos armados que en algunas regiones cuentan con una amplia base social.
Oseguera no solo se enfrentará a un complejo entramado criminal único por sus características en México, sino que también deberá lidiar con una cultura laboral decadente dentro de la propia Secretaría, arrastrada por varias administraciones, donde han prevalecido los abusos por parte de algunos Guardias Civiles, la corrupción, los malos tratos y una cultura machista.
Urge que en Michoacán se cumpla el servicio civil de carrera, una herramienta fundamental para asegurar la profesionalización y la estabilidad en la administración pública. Este sistema permite que los puestos sean ocupados por personas con las competencias y experiencia necesarias, evitando así que sean objeto de nombramientos políticos.
Cortar cabezas y hacer nombramientos por lealtad política no es la solución. Por elemental sensatez, la seguridad no puede ser manejada por aficionados, compadres o amigos políticos. Requiere de personas altamente capacitadas, con experiencia y conocimiento en la materia.
En un entorno tan crítico como el de la seguridad pública, la curva de aprendizaje del nuevo secretario no es un lujo que Michoacán pueda permitirse. Los criminales no esperan a que los funcionarios se pongan al día; la delincuencia actúa con rapidez y brutalidad. Cada día perdido en la adaptación de Oseguera a su nuevo rol es un día más en que la seguridad de los ciudadanos está en peligro.
El nombramiento de Oseguera, sin la experiencia necesaria, parece un intento de cambio superficial que no aborda las raíces profundas del problema. Es un ejemplo clásico del gatopardismo: cambiar todo para que nada cambie.
