La postura de Galindo contrasta con la de Gaona, también integrante de la bancada petista
Por: Catalina LS
29 de septiembre 2026.- Mientras el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, Baltazar Gaona García, ha defendido que el Legislativo debe recibir y dar trámite a las solicitudes de juicio político contra la rectora de la Universidad Michoacana, Yarabí Ávila González, el coordinador parlamentario del PT, Reyes Galindo Pedraza, cuestionó que la titular de la Rectoría pueda ser legalmente sometida a este procedimiento.
La diferencia cobra relevancia porque ambos legisladores pertenecen al mismo grupo parlamentario y porque Galindo Pedraza forma parte de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales que analizan las tres solicitudes presentadas contra la rectora. Y es que el petista se abstuvo en la votación del dictamen que determinó que había lugar para continuar con el trámite, al considerar que existen dudas.
Galindo Pedraza sostuvo que la Constitución de Michoacán establece de manera específica quiénes pueden ser sujetos de juicio político y, desde su interpretación, Yarabí Ávila, la rectora de la Universidad Michoacana no aparece dentro de ese catálogo. Sin embargo, la legislación sí contempla al gobernador, diputados, magistrados y titulares de determinados organismos constitucionales autónomos, pero no incluye expresamente a la UMSNH.
“A mí me parece, en una interpretación jurídica, que la persona titular de la Rectoría no lo es, porque si bien dice el gobernador, los diputados, los magistrados del Tribunal Administrativo, del Electoral, habla incluso de los titulares de los organismos constitucionalmente autónomos, pero no habla de la Universidad Michoacana”, explicó.
El coordinador del PT explicó que este fue uno de los principales puntos de discusión en las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, de las cuales forma parte. Aunque hubo argumentos en sentido contrario relacionados con la autonomía de la Universidad Michoacana, sostuvo que ese concepto no necesariamente equivale al régimen de autonomía constitucional de los organismos expresamente señalados en la Carta local.
La postura de Galindo contrasta con la de Gaona, también integrante de la bancada petista, quien ha rechazado que el Congreso haya dado un trato preferencial a las personas que promovieron las denuncias. El presidente de la Mesa Directiva ha argumentado que el Legislativo tiene la obligación de recibir y turnar las solicitudes presentadas por ciudadanos o sindicatos para que sean las comisiones competentes las que determinen si cumplen con los requisitos legales.
