Xalapa, Ver. En sesión privada, el Pleno del Congreso del Estado de Veracruz aprobó por mayoría calificada la declaración de procedencia para retirar la inmunidad procesal al alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl «N», permitiendo que enfrente como ciudadano la investigación que lo vincula como presunto autor intelectual en el homicidio de la periodista Roxana Guzmán Ramírez.
La resolución fue emitida con 40 votos a favor y 8 en contra, luego de que la Comisión Permanente Instructora dictaminara la viabilidad de la solicitud presentada por la Fiscalía General del Estado (FGE).
La línea de investigación
De acuerdo con los datos integrados en la carpeta de investigación por parte de la FGE, la línea principal sitúa al exedil como el presunto responsable de ordenar la privación de la libertad y posterior homicidio de la comunicadora, titular del portal Pulso Informativo del Sureste, perpetrado el pasado mes de junio.
Entre los elementos presentados en el dictamen destacan:
Vinculación operativa: Presuntos nexos con integrantes de una célula delictiva regional para ejecutar la agresión.
Elementos policiales implicados: La detención previa de cuatro agentes de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste, acusados de brindar cobertura logística y protección al grupo ejecutante.
Cambios en la administración municipal y postura de la defensa
Tras ser notificada formalmente la determinación de la soberanía estatal, el Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste procede a dar cumplimiento al marco legal para que la suplente en el cargo, Juliana Ruiz Martínez, tome protesta e inicie funciones al frente de la administración local.
Por su parte, la defensa de Raúl «N» ha rechazado los señalamientos argumentando que el proceso carece de pruebas directas y obedece a un trasfondo de índole político, mientras que la dirigencia de su partido ha exigido imparcialidad en el proceso judicial.
Con la pérdida del fuero constitucional, la FGE queda facultada para cumplimentar las órdenes judiciales correspondientes y continuar con el deslinde de responsabilidades bajo la vía penal ordinaria.
Cuestión de justicia o cálculo político
El desafuero abre una interrogante inevitable para la opinión pública y el gremio periodístico en la entidad: ¿estamos ante un precedente genuino de cero impunidad en agresiones contra la prensa, o ante una rigurosidad que solo se aplica según el color partidista del acusado? El seguimiento a este caso y la actuar de la Fiscalía en otros municipios clave definirán si se trata de un verdadero combate al crimen sin importar siglas, o de una justicia medida con varas distintas.
