Las labores de búsqueda en la barranca conocida como «La Parotita», ubicada en los límites de Tacámbaro y Carácuaro, han sacado a la luz la magnitud de una de las tragedias más severas en la historia reciente de la entidad. Sin embargo, más allá del impacto de las cifras, el caso evidencia la brecha entre el trabajo de las familias y la postura de las autoridades locales.
La cifra real de la tragedia: Más de 375 restos recuperados
Encabezadas por la activista Margarita López Pérez y el colectivo Buscando Cuerpos, las brigadas han logrado documentar y rescatar un acumulado que ya supera los 375 cuerpos y registros óseos.
Durante las etapas de mayor actividad en el sitio, las familias han llegado a extraer una media de 5 a 6 individuos por día, además de miles de fragmentos biológicos de víctimas tanto de años anteriores como de hechos recientes. Entre las osamentas recuperadas, el colectivo ha confirmado el doloroso hallazgo de restos pertenecientes no solo a adultos, sino también a niños y bebés. Todo esto en condiciones de extrema peligrosidad, descendiendo a pie y con cuerdas en un barranco de más de 2,000 metros de profundidad.
El contraste: El filtro de la Fiscalía y la postura del Ejecutivo
Ante la dimensión de la fosa clandestina en Tacámbaro, la respuesta institucional ha seguido un patrón de reservas. Tanto el Ejecutivo estatal como la Fiscalía General del Estado (FGE) han evitado posicionamientos públicos de fondo o la emisión de cifras consolidadas, manteniendo una postura que busca no alterar las métricas oficiales de seguridad.
La razón técnica detrás de esta disparidad en los números radica en los criterios de contabilización: mientras las familias cuentan en campo cada individuo armado mediante análisis anatómicos directos (como la verificación de huesos sacros), la Fiscalía no suele contabilizar los hallazgos como víctimas oficiales sino hasta que son genéticamente identificables. Al haber miles de fragmentos no procesados o de difícil perfilamiento por el paso del tiempo y las condiciones del terreno, la autoridad los mantiene fuera de la estadística pública.
La intervención de la FGR y las pruebas de ADN
Frente a la falta de acompañamiento técnico local y para evitar que las evidencias queden congeladas en los archivos estatales, el colectivo ha presionado para que sea la Fiscalía General de la República (FGR) la que intervenga en el resguardo y el procesamiento forense.
La mayoría de las osamentas y muestras biológicas extraídas en la barranca han sido canalizadas directamente a los laboratorios de la FGR en la Ciudad de México para la realización de peritajes genéticos y pruebas de ADN, siendo la determinación de las madres buscadoras la única fuerza que hoy sostiene la ruta hacia la verdad y la identificación de las víctimas.
