La iniciativa propone entre otros puntos que las y los candidatos presenten cartas de no antecedentes penales
Por: Catalina LS
27 de mayo 2026.- En entrevista con Esfera Noticias, el analista político Antonio Plaza consideró que la propuesta de reforma electoral impulsada por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, resulta “ingenua” frente a la complejidad de la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.
Y es que, la iniciativa propone entre otros puntos que las y los candidatos presenten cartas de no antecedentes penales expedidas por la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República, así como constancias que acrediten no tener relación con actos de corrupción mediante sentencia firme.
Plantea además, establecer como causal de nulidad de casillas la intromisión del crimen organizado.
Sin embargo, Antonio Plaza señaló que la reforma limita el problema de la intervención del crimen organizado a mecanismos que ya han demostrado tener alcances reducidos.
Sobre la exigencia de cartas de antecedentes no penales, explicó que este requisito ha sido declarado inconstitucional en diversas ocasiones, debido a que únicamente refleja si una persona está prófuga de la justicia o privada de sus derechos políticos por una condena vigente.
“Las cartas de antecedentes no penales no son relevantes porque todos los demás casos mantienen vigentes sus derechos políticos. No puedes privar a una persona del derecho de contender únicamente por ese documento”, sostuvo.
Asimismo, indicó que el verdadero objetivo debería centrarse en impedir la presión del crimen organizado sobre candidatos, autoridades y futuros gobernantes, algo que, afirmó, no se resolverá con nuevos requisitos administrativos.
El analista advirtió además que la obligatoriedad de las cartas de antecedentes podría derivar en múltiples juicios de protección de derechos político-electorales y acciones de inconstitucionalidad, por lo que consideró que la medida podría terminar siendo “letra muerta”.
Respecto a la propuesta de nulidad de casillas por intervención del crimen organizado, recordó que este criterio ya había sido reconocido desde 2021 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, particularmente en casos ocurridos en la región de La Huacana, Michoacán.
“Está bien que se retomen conceptos establecidos en sentencias, pero no son novedosos y tienen límites muy claros que no permiten resolver un problema mucho más complejo y profundo”, apuntó.
Con ello, Antonio Plaza enfatizó que el problema no radica en la ausencia de leyes, sino en la falta de voluntad política y en la incapacidad institucional para perseguir delitos relacionados con la violencia electoral.
“Si en un municipio se amenaza a una persona para que no contienda, no es que falte una norma; se está cometiendo un delito. El problema es que muchas veces no se denuncia, no se persigue y no se atiende”, expresó.
