CdMx. La tensión política escaló de nivel en el plano federal. La Cámara de Diputados en San Lázaro recibió formalmente una solicitud de juicio político y declaración de procedencia (desafuero) en contra de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia «Maru» Campos Galván.
La petición fue promovida y firmada en conjunto por 11 de los 12 diputados locales que integran la bancada de Morena en el Congreso de Chihuahua, de un total de 33 legisladores que conforman el pleno estatal.
Legalmente, la normativa faculta a cualquier ciudadano o legislador a presentar este tipo de denuncias de manera individual, pero el bloque optó por firmar en conjunto para darle un mayor peso político al expediente inicial.
La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados confirmó que el documento ingresó formalmente a las 9:51 de la mañana. Sin embargo, el proceso cuenta con un estricto filtro inmediato: por ley, los diputados locales promoventes tienen como fecha límite el próximo 29 de mayo (un plazo de tres días) para acudir personalmente a las instalaciones de San Lázaro a ratificar la denuncia. Si este paso no se cumple, el expediente será desechado automáticamente.
Para que el juicio político proceda formalmente a las siguientes etapas de votación, requerirá primero el dictamen de la Subcomisión de Examen Previo y, posteriormente, el voto de la mayoría absoluta en el pleno de la Cámara Federal.
Aunque los detalles técnicos del expediente se mantienen bajo reserva, la acusación central de los legisladores señala a la mandataria panista por presuntas violaciones a la soberanía nacional. Esto surge tras la controversia por un operativo contra el crimen organizado en la Sierra Tarahumara, donde se reportó la supuesta intervención no autorizada de agentes extranjeros (específicamente de la CIA estadounidense).
Ante los amagos, la gobernadora Maru Campos ha calificado firmemente el proceso como una «persecución política» destinada a desviar la atención de las problemáticas nacionales, aclarando que su administración no gestionó ni tuvo conocimiento de presencia extranjera en el operativo. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum se limitó a señalar previamente que los requerimientos institucionales sobre el tema carecen de tintes políticos.
