La reciente detención en Estados Unidos del general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, por presuntos vínculos con el crimen organizado, ha provocado un sismo político cuyas réplicas evidencian una profunda crisis de responsabilidad gubernamental.
Lejos de asumir la gravedad de que el máximo responsable de la seguridad pública estatal enfrente la justicia en una corte de Nueva York, las declaraciones de la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, han encendido las alarmas por su ligereza y el intento explícito de fracturar la cadena de mando institucional.
Ante los cuestionamientos de la prensa local tras confirmarse la entrega del mando militar en la frontera de Nogales, la mandataria interina optó por una línea de defensa basada en la evasión y el deslinde, argumentando inicialmente que desconocía la situación por «no haber revisado su teléfono en toda la mañana». Más allá de la anécdota, el fondo del discurso revela una alarmante postura frente a la rendición de cuentas y la gestión de crisis en una de las entidades más complejas del país.
El juego de culpar a la Federación
La declaración más desafortunada de la gobernadora interina radicó en señalar que el nombramiento del general Mérida Sánchez «no fue una decisión del gobernador con licencia, sino una decisión de la propia Sedena». Este argumento atenta directamente contra la lógica y el diseño constitucional mexicano.
Si bien existe una estrecha y necesaria coordinación con las fuerzas armadas para la pacificación de las regiones, la facultad y la responsabilidad de nombrar, mantener y supervisar a los miembros de un gabinete estatal recaen exclusivamente en el Ejecutivo local. Intentar trasladar la culpa de una designación fallida o corrompida a la Secretaría de la Defensa Nacional no solo debilita la soberanía del estado, sino que expone una preocupante ausencia de controles internos y de confianza en las propias instituciones que dirigen.
Negar el perjuicio:
El tercer eje de la postura oficial consistió en asegurar que la captura del exjefe policial «no representa ningún perjuicio para el estado». Minimizar el impacto de que la cabeza estratégica de la seguridad pública haya estado presuntamente al servicio del crimen organizado denota una preocupante normalización del daño institucional, donde la prioridad parece ser la protección de la narrativa oficial por encima de la autocrítica y el impacto real en la ciudadanía.
