Tras la captura en la frontera del exsecretario de Seguridad, la presión judicial terminó por romper el círculo más cercano del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.
Enrique Díaz Vega, quien se desempeñó como Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa, se entregó voluntariamente a las autoridades de los Estados Unidos al saberse acorralado por una investigación penal en la Corte de Nueva York.
A diferencia de la detención migratoria de su homólogo de seguridad, Díaz Vega optó por la vía de la entrega pactada a través de sus abogados, cruzando a territorio estadounidense para ser trasladado de inmediato a la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde enfrentará su proceso bajo el mismo expediente criminal.
La ruta del dinero en la mira de Nueva York
Como el encargado de las finanzas estatales durante la administración de Rocha Moya, Díaz Vega es considerado por las agencias estadounidenses como la pieza clave para entender el movimiento de recursos. El Departamento de Justicia le imputa cargos de alta gravedad:
- Conspiración para el lavado de dinero.
- Conspiración para la importación de sustancias controladas (fentanilo y heroína).
La investigación de los fiscales norteamericanos señala que el exfuncionario presuntamente utilizó su posición en la Secretaría de Finanzas para tejer una red que permitía el blanqueo de capitales en favor de la facción de «Los Chapitos». El modus operandi bajo investigación incluye la presunta dispersión de recursos de procedencia ilícita a través de contratos públicos inflados, asignaciones directas y empresas fachada.
La estrategia de la entrega: El camino del testigo cooperante
Fuentes cercanas al proceso judicial en Nueva York señalan que la entrega voluntaria de Díaz Vega responde a una estrategia legal clara: buscar un acuerdo de culpabilidad para convertirse en testigo cooperante de la fiscalía estadounidense a cambio de una reducción sustancial en su posible condena.
Al ser el hombre que conoce de primera mano los movimientos bancarios, las cuentas secretas, los prestanombres y el presunto financiamiento de origen ilícito en la estructura política, su testimonio se convierte en el golpe definitivo de las autoridades norteamericanas para armar el caso directo contra el exgobernador Rubén Rocha Moya y el resto de los implicados que continúan prófugos.
