Tras semanas de búsqueda impulsada por sus familiares, la profesionista quintanarroense reapareció públicamente en una rueda de prensa. Afirmó que su ausencia fue voluntaria y motivada por un entorno de violencia doméstica, solicitando la protección de las autoridades capitalinas.
Ciudad de México. El caso de la arquitecta María Adela Morales Correa, que había generado alerta en Quintana Roo y la capital del país ante una presunta desaparición, dio un vuelco absoluto tras su comparecencia pública el lunes pasado. La joven desmintió las versiones que señalaban una privación de la libertad o negligencia médica, abriendo un complejo escenario judicial donde las autoridades deberán investigar dos posturas completamente opuestas.
Controversia entre dos versiones
Hasta hace unos días, la narrativa pública en torno al caso se centraba en la exigencia de su familia, quienes mediante amparos y movilización en redes acusaban al Instituto Nacional de Psiquiatría de haber dado de alta a la arquitecta de forma irregular, señalando un posible riesgo a su integridad.
Sin embargo, en su reciente rueda de prensa, Morales Correa rechazó categóricamente estar desaparecida. Explicó que su ingreso a dicha institución médica fue por voluntad propia tras enfrentar crisis de ideación e intentos suicidas, los cuales, según su testimonio, fueron provocados por el maltrato sistemático en su hogar.
La arquitecta acusó formalmente a su núcleo familiar de ejercer violencia física, psicológica y económica en su contra, señalando además que los reportes de búsqueda y la presión mediática han sido utilizados por sus allegados como un mecanismo de control para ubicarla en contra de su voluntad y obligarla a volver a ese entorno.
Investigaciones en curso bajo la lupa judicial
Ante las declaraciones de la profesionista y la gravedad de la situación de vulnerabilidad manifestada, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) determinó otorgarle medidas de protección de emergencia de manera inmediata.
Con este nuevo contexto, las investigaciones entran en un terreno de alta controversia:
- Por un lado, las denuncias iniciales de la familia que acusaban anomalías en su localización y resguardo.
- Por el otro, la denuncia penal de la joven por el delito de violencia familiar y el trasfondo de salud mental expuesto.
Debido a que ambas posturas resultan contradictorias, corresponderá a los ministerios públicos de la Ciudad de México y de Quintana Roo desahogar las pruebas de ambas partes para esclarecer los hechos reales, garantizando en todo momento la seguridad de la joven mientras se resuelve el conflicto familiar y legal.
