El Gobierno de México volvió a abordar el caso durante la conferencia mañanera
Por: Catalina LS
04 de abril 2026.- La polémica en torno al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos cargos relacionados con el narcotráfico, sumó este lunes nuevos posicionamientos tanto desde los estados como desde el Gobierno de México.
Desde Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla fue cuestionado sobre el tema y respaldó la postura previamente expresada por la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que se trata de un asunto que ya es atendido por instancias federales.
Sobre la posibilidad de que estos señalamientos afecten la imagen de Morena, partido al que pertenecen ambos mandatarios, Bedolla evitó fijar una postura personal y consideró que será la dirigencia nacional del partido la que deba pronunciarse al respecto.
Por otro lado, desde Palacio Nacional, el Gobierno de México volvió a abordar el caso. Durante la conferencia matutina, la exdirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, explicó los alcances jurídicos de la petición presentada por autoridades estadounidenses contra Rocha Moya y otras nueve personas.
De acuerdo a lo detallado, lo presentado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York no corresponde a una solicitud formal de extradición, sino a una solicitud de detención provisional con fines de extradición, una figura que aplica cuando existe riesgo de fuga o de entorpecimiento del proceso, y que requiere elementos probatorios que acrediten dicha urgencia.
Sin embargo, expuso que tras la revisión realizada por la Fiscalía General de la República, se determinó que, hasta el momento, no fueron aportadas pruebas suficientes para sustentar la urgencia de la medida, por lo que la solicitud fue considerada insuficientemente fundamentada y se pidió información complementaria.
Se explicó además que, en caso de que la documentación requerida sea entregada, corresponderá a un juez de control definir si procede la detención provisional de los señalados o la imposición de alguna otra medida cautelar, al tratarse de una decisión exclusivamente judicial.
