Yurisha Andrade Morales*
Esta semana sabremos si el plan B de la reforma electoral presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum logra una votación de mayoría calificada en la Cámara de las Senadurías. El hecho es que el PVEM, en declaraciones de Manuel Velasco ante diversos medios de comunicación, ha manifestado que la bancada que coordina aportará 13 de los 14 votos que tienen, mientras que el PT ha sido más cauto y ha señalado que están analizando la propuesta, pues, aunque tienen coincidencia con varios puntos tienen dudas sobre los alcances de otros y, también, en voz de Benjamín Robles, han sostenido que no comparten la idea de que la revocación del mandato sea el mismo día de las elecciones pues podría generar inequidad en las contiendas.
Lo cierto es que, como todas las iniciativas que buscan modificar reglas del juego político, el plan B está a debate nacional, tanto con los partidos opositores, como con los partidos aliados de la 4T que ya votaron en contra del plan A y tienen los votos para aprobar o rechazar la segunda iniciativa. El tema toral de la divergencia está en la propuesta de modificar la fracción IX del artículo 35 constitucional para establecer que la revocación del mandato puede implementarse durante el tercero o cuarto año de gobierno (actualmente es durante el primer trimestre del cuarto año), además de facultar a la “persona sujeta a revocación (a) difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia”.
De aprobarse, la propuesta nos llevaría a la posibilidad de que la revocación del mandato sea simultánea con las elecciones de 2027 y que la presidenta pueda difundir el proceso y pedirle a la ciudadanía que voten por su permanencia. En la exposición de motivos de la iniciativa presidencial se sostiene que la propuesta obedece a la necesidad de aprovechar la infraestructura y recursos que se invierten en las elecciones, además de corregir el hecho de que su promoción y difusión como instrumento ciudadano ha sido nulo, por lo cual es necesario que la persona sujeta a la revocatoria del mandato pueda informar sobre el ejercicio y se otorgue la “garantía del derecho de opinión, razonamiento y defensa de la persona sujeta al procedimiento de revocación (pues) fortalece el debate público informado y reconoce el derecho de la persona servidora pública a expresar libremente sus ideas y opiniones”.
Por encima de propuestas como establecer un 0.7% de cada presupuesto estatal como tope al gasto máximo de los congresos locales o de fijar un rango para que solo haya entre 7 y 10 regidurías y una sola sindicatura en los ayuntamientos o de impulsar ajustes a los salarios de consejerías y magistraturas, federales y locales, los ajustes a las reglas para la revocación del mandato han generado dudas en los petistas que ven riesgos e inequidad en que la presidenta haga campaña buscando su ratificación y prefieren que sea en una fecha posterior a las elecciones, lo cual podría traducirse en un rechazo al plan B. Veremos qué sucede en esta semana con un entorno de amplia complejidad política nacional e internacional, donde, además, se agotan los plazos para aprobar modificaciones a las normas electorales, ante la inminencia del inicio de los procesos electorales 2026-2027.
Volvamos al origen: la revocación del mandato se incluyó en nuestra legislación como un ejercicio de carácter ciudadano, como un mecanismo de evaluación sobre el ejercicio del poder que se activa cuando la ciudadanía considera que algún gobernante no está cumpliendo con los propósitos para los cuales fue elegido. Si hay desconfianza y se cumplen las reglas fijadas por la ley, solo entonces, se puede convocar a un ejercicio de revocación del mandato, no es un derecho ni una facultad de los gobernantes, sino una potestad de los electores que por una vía institucionalizada pueden votar en las urnas si ese gobernante permanece en su cargo o es removido, sin generar problemas de inestabilidad política y sin violentar el marco constitucional; mientras tanto, el debate sobre el plan B continúa con gran intensidad.
Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
