En Michoacán, entre 2021 y 2025, se registraron más de 10 mil deudores alimentarios.
Morelia, Michoacán, a 19 de marzo del 2026.- Las niñas y niños tienen derecho a vivir en condiciones dignas, con estabilidad y la certeza de que sus derechos están por encima de cualquier conflicto entre adultos, aseveró Teresita Herrera Maldonado, diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), al presentar una iniciativa de reforma al Código Familiar para el Estado de Michoacán.
Herrera Maldonado enfatizó que entre 2021 y 2025, en Michoacán se registraron más de 10 mil deudores alimentarios; además de que tres de cada cuatro hijas e hijos de padres divorciados no reciben pensión alimenticia, cifras que reflejan la urgencia de fortalecer los mecanismos legales para garantizar el cumplimiento de esta obligación.
“Una pensión alimenticia debe garantizar que los hijos e hijas tengan alimentos de calidad, pero también ropa, calzado, atención médica, educación y algo que a veces olvidamos mencionar: momentos de recreación, de alegría, de infancia plena. Este compromiso no puede ni debe terminar cuando una relación de pareja llega a su fin. La separación de los padres no puede significar la desprotección de los hijos”.
La legisladora panista explicó que la propuesta busca establecer medidas más firmes para evitar que los deudores alimentarios evadan su responsabilidad, al tiempo que representa un acto de justicia para las niñas, niños y adolescentes, así como para las madres, quienes en muchos casos asumen la mayor carga en su cuidado.
“Esta propuesta de adición al Código Familiar para el Estado de Michoacán busca cerrar la puerta a la evasión de responsabilidades. Porque ser padre o madre no es un título simbólico, es una responsabilidad permanente que no se disuelve con la firma de un papel”.
Entre las disposiciones contempladas, se establece que, se instruirá al Registro Público de la Propiedad para que realice las anotaciones correspondientes en los bienes inmuebles del deudor. De igual forma, dicha instancia deberá verificar el registro antes de cualquier operación relacionada con la propiedad o posesión de bienes, a fin de informar al juez y evitar la inscripción de actos que pudieran vulnerar el cumplimiento de la obligación alimentaria.
Finalmente, se contempla que el deudor alimentario que haya sido declarado como moroso podrá solicitar la cancelación de su inscripción, siempre que acredite ante la autoridad correspondiente el pago total de los adeudos.
Con esta propuesta, la diputada Tere Herrera busca garantizar el interés superior de la niñez y reforzar la responsabilidad de quienes están obligados a cumplir con la pensión alimenticia, al priorizar el desarrollo integral de las niñas y niños.
