Elizabeth Juárez Cordero
El liderazgo en las encuestas que mantiene Morena en al menos 14 de las 17 gubernaturas a disputarse en 2027, sitúa de manera natural el epicentro de la contienda electoral en el partido gobernante, en la selección de sus candidatos, así como en las desavenencias y acuerdos entre quienes no resulten favorecidos con la candidatura.
Aun cuando los dirigentes nacionales y estatales del partido aseguren que la decisión recaerá de manera formal en las encuestas, la experiencia demuestra que incluso en una postulación contraria a la intención mayoritaria, tal como sucedió en Ciudad de México con la designación de Clara Brugada frente a Omar García Harfuch, la coalición gobernante tiene capacidad de sobra para ofrecer los incentivos que permitan sin mayor dificultad respaldar la designación, que con o sin mayores atributos resulte elegida del proceso interno, y salir victoriosos.
La posibilidad de llevar a la boleta a alguien que no necesariamente cuente con trayectoria en el movimiento, carisma, como el apoyo y simpatía popular dentro y fuera del partido, y ganar; es solo un lujo que puede darse el partido en el gobierno, de ese tamaño es el peso del arraigo morenista y la confianza que da tener sino el pase automático a la gubernatura, sí ser la opción con mayor ventaja sobre cualquier otra que pretenda competirle.
Con una identificación partidista que supera en varios estados el 40%, la construcción de las candidaturas girará en torno al partido y las acciones que el orden nacional primero, y luego en lo local, ha constituido un triunfo para la Cuarta Transformación, tanto en su primera como en su segunda etapa; la universalización de los programas sociales, la reducción de la pobreza, el incremento del salario mínimo, la disminución de homicidios, o la reciente detención y muerte del líder delincuencial más poderoso de los últimos años, el Mencho; todo ello, por encima de las personalidades.
Las dinámicas locales, la configuración de fuerzas al interior de la coalición en cada entidad, el estilo personal de los gobernadores morenistas, y el legado en positivo o negativo que hubieran forjado durante su administración, serán también elementos bajo los cuales estará sometida la decisión de elección de su sucesor o sucesora, a definirse según lo acordado en el Consejo Nacional el próximo 22 de junio.
Desde la perspectiva local, en las 12 entidades que gobierna Morena hay al menos cuatro escenarios posibles; optar por una opción que se desmarque de la o el actual gobernador, particularmente en aquellos casos en los que estos han representado más un problema que un apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum; como Baja California o Campeche, lo que permitiría renovar lealtades y generar una relación de mayor correspondencia con la titular del ejecutivo.
Una condición opuesta al anterior, sería ceder la postulación al gobernador actual, garantizando con ello el respaldo de la estructura estatal, pero favoreciendo la consolidación de un grupo de poder local por lo menos seis años más; esta posibilidad bien podría ocurrir en entidades en los que sus mandatarios cuenten con mayores porcentajes de aprobación y cuyas estados sean estratégicos por el número de votantes, como Michoacán o Guerrero; aunque ello implique el riesgo de fortalecer cacicazgos y pasar de largo las latentes complejidades sociales y de inseguridad.
Mientras que, en un escenario intermedio se encontrarán los estados en los que se posicione una candidatura alternativa, que no necesariamente en pugna con la o el gobernante estatal, pero que su distancia, trayectoria, trabajo territorial y atributos lo definan como un perfil incuestionable, y que su designación permita revitalizar los vínculos federación y estado, como forma de control local desde el centro, manteniendo límites a las pugnas internas y limpiado las relaciones de dependencia con grupos o perfiles recién llegados o emanados de acuerdos heredados, y en este contexto podrían estar cualquiera de los estados ya mencionados.
En un grupo aparte se encuentran entidades como San Luis Potosí y Quintana Roo, en los que el Partido Verde, aliado de la coalición gobernante, ha logrado acumular espacios de poder que puedan ser monedad de cambio en la aprobación de la propuesta de reforma electoral presidencial e incluida la designación del abanderado estatal.
En el pasado Consejo Nacional morenista el gobernador de Sonora y también presidente del Consejo Alfonso Durazo afirmó que mantener la unidad no es un lujo organizativo sino una condición estratégica, el mensaje central del encuentro no fueron las reglas ahí expuestas, sino el recordatorio de que solo en la disciplina y lealtad al movimiento se garantizará con generosidad vida política mucho más allá del 2027; dejando claro que la decisión de quienes resulten elegidos Coordinadores estatales residirá en nada más que en la fortaleza y el avance del movimiento político por sobre cualquier aspiración individual o de grupo, más antigua o más próxima, por legitima que esta sea.
