La 4T seguirá manteniendo el pacto de impunidad, aunque para ello tenga que actuar contra “peces pequeños”.
Diego Rivera, alcalde morenista de Tequila, Jalisco fue arrestado inculpado de múltiples delitos de corrupción y complicidad con el crimen organizado, en particular, con el CJNG. El personaje en cuestión reto a la suerte hasta que lo abandonó. Sus acciones que perjudicaron a la tequilera José Cuervo, una empresa valuada en 4 mil millones de dólares, y el despojo del Museo del Tequila para convertirlo en su propiedad privada, cruzaron líneas rojas, aún en el muy laxo estándar de la 4T.
Así reapareció una palabra que, a pesar de tener casi un año inactiva, se ha convertido en el sinónimo de actuación federal contra gobiernos municipales criminales: Enjambre. Este operativo que, en su versión original, consistió en el arresto de varios funcionarios de ayuntamientos del Estado de México coludidos con la Nueva Familia Michoacana en municipios limítrofes con Guerrero y Michoacán. En un país en que la delincuencia organizada ha sometido a plata o plomo a incontables municipios, el tema invoca la esperanza, especialmente si en el estado se desarrolla un plan, del mismo nombre, a causa de una crisis de inseguridad que evidenció un homicidio de alto perfil.
Por eso la pregunta es ¿habrá en Michoacán un “efecto Tequila”, es decir, un “enjambre” contra las autoridades municipales más evidentemente coludidas con los cárteles que operan en el Estado? La respuesta es incierta, aun cuando los momios han mejorado. En Michoacán, la perniciosa “estrategia” de abandonar el territorio a merced de los delincuentes, conocida como abrazos y no balazos, le permitió a la delincuencia organizada controlar enormes franjas del Estado, incluyendo los gobiernos municipales, a veces como cómplices y otras como víctimas, y cambiando como giro principal del negocio del trasiego de droga a la extorsión.
La columna vertebral de la 4T es un gigantesco pacto de impunidad que protege a sus integrantes, el cual ellos mismos ponen a prueba cada día más, con la variedad y audacia de sus transgresiones. Sin embargo, pareciera que en aras de proteger a los machucones (AMLO dixit) es posible sacrificar algunos peones, como capos encarcelados o alcaldes, no solo corruptos sino atrabiliarios e impertinentes. Lo cual es consistente con otra práctica de 4T: sólo se actúa ante el escándalo.
En Michoacán en el proceso electoral del 2024 hubo diversas denuncias de intromisión de la delincuencia en elecciones municipales – y varios precandidatos y lideres partidistas asesinados – y desde entonces han sido ejecutados tres alcaldes, además de múltiples funcionarios municipales y otros han sido denunciados de tener nexos con cárteles.
En mi opinión, es probable que se active un “enjambre local”, a condición de que no lastime a dirigentes encumbrados de Morena, con independencia de que también se les haya señalado de estar coludidos con la delincuencia organizada, es decir, control de daños, válvula de presión, pero sosteniendo la impunidad para los “pilares” de la 4T, pues para que se actúe en contra de actores de mayor peso, se necesita la presión norteamericana y ese escenario, aun cuando avanza, todavía es distante.
