La 4T reacciona autoritariamente contra la protesta de la Generación Z.
México tiene, en particular desde 1968, una difícil relación con las protestas sociales. Los gobiernos son tachados de omisos o represores, según afinidades políticas, por como atienden las manifestaciones ciudadanas. Sin embargo, los eventos del pasado sábado en el Zócalo de la CDMX cruzaron umbrales inéditos. El gobierno morenista, que se autodefine como heredero del 68, que sólo formalmente desapareció a los granaderos y presume una popularidad astronómica, actuó con una dureza inusitada contra una protesta política, antes, durante y después de la misma.
Un gobierno democrático tiene dos deberes ante una protesta pública. El primero es garantizar la seguridad e integridad de todos, incluidos los participantes. Que una persona esté en la calle para manifestarse, ejerciendo sus derechos políticos, no exime al estado del deber de cuidarla con la debida diligencia. Eso implica un adecuado dispositivo de seguridad y un manejo pertinente del evento masivo. Sin duda, es uno de los mayores retos de seguridad y protección civil, pero es una obligación gubernamental.
El otro deber del Estado, es el respeto y la salvaguarda de los derechos políticos. No criminalizar la protesta es el primero. Sigue la disposición al diálogo, en la medida que esto sea voluntad de los manifestantes, y la atención razonable de las demandas como punto final. En un país acostumbrado a la protesta de naturaleza socioeconómica, las más de las veces conducida por grupos de presión, la legitimidad de la protesta está erosionada, y para un gobierno que se considera a sí mismo como la encarnación de la voluntad popular, es casi imposible de digerir que alguien esté inconforme con su gestión. Y esa mezcla de azoro y de ira fue lo que vimos desde Palacio.
Antes de la marcha, descalificaciones de todo tipo y preparativos provocadores, durante la manifestación y con la profecía autocumplida de violencia, un manejo fatal que devino en batalla campal, después, más descalificaciones y acciones judiciales desproporcionadas contra los manifestantes. El régimen usa todos sus recursos disponibles, pero no para atender las demandas expresadas, sino para desacreditar e intimidar a los que protestan.
Es difícil saber que pasará con este movimiento, por sí mismo amorfo, carente de una organización, un liderazgo visible y una agenda clara, pero genuino y representativo de inconformidades reales, que coincidió con una coyuntura de agitación política y se superpuso a las protestas por el homicidio de Carlos Manzo, en el contexto de una oposición política formal despistada y con poco liderazgo.
Aunque es ingenuo pensar que este movimiento puede derrocar a un gobierno tan poderoso como el de Claudia Sheinbaum, una sola protesta fue suficiente para revelar su fragilidad ante lo inesperado. Si bien en un contexto de diversos factores de inestabilidad, la protesta de la Generación Z expuso la intolerancia, la vena autoritaria y la incapacidad de gestionar crisis de un gobierno que se sueña infalible, y que entre muchos otros vicios, ha heredado del priísmo echeverrista la vanidad y la intolerancia.
