Jaime Darío Oseguera Méndez
Se ha iniciado una nueva etapa de la vida política de México. La elección a través de voto ciudadano de quienes integrarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a transformar de fondo el sistema jurídico del país.
No sabemos las consecuencias que tendrá una transición de esta naturaleza. Las apuestas del gobierno y su justificación para impulsar un nuevo modelo apuntan a una mejoría sustantiva de la justicia en su cnjunto. Los críticos abundan en argumentos diversos. Ahora ya pasamos a una nueva etapa, en la que lo que interesa son los resultados.
A partir del diagnóstico que se tuvo para impulsar a toda costa la reforma constitucional, tendremos los parámetros para medir sus resultados y establecer los desafíos que se van a presentar ya en la práctica.
Corrupción. El señalamiento fundamental para el cambio en el sistema de justicia fue la excesiva corrupción que caracteriza al sistema que está a punto de desaparecer.
Es claro que entre la ciudadanía hay un notable desaliento, frustración y preocupación por los excesos que se han exhibido mediáticamente contra resoluciones de jueces y magistrados, resoluciones contrarias a un sentido básico de justicia.
Se acusa también de corrupción por sentencias de asuntos no sólo penales sino también fiscales sobre beneficios a personas poderosas, delincuentes emblemáticos que se aprovechan con sentencias contrarias al sentido básico de justicia.
Justamente en esta parte se encuentra lo que debería ser la siguiente fase de esta reforma, la transformación pendiente de las fiscalías en todos los niveles del sistema para que pueda impartirdse justicia.
Los jueces penales en particular, acusan que la corrupción y falta de capacidad en la integración de las carpetas de investigación, obligan a la judicatura a resolver asuntos, en un sentido contrario a la opinión pública.
Este será también un tema para la nueva SCJN. Hoy que la información circula tan rápido, donde los medios y redes sociales muestran los excesos que se cometen tanro de la autoridad como de los particulares, se espera que este nuevo sistema de una nueva esperanza. El argumento es que la elección por medio del voto les dará libartad a los jueces. Ya lo veremos
Hay una vieja discusión teórica en el derecho que se resume en la disputa entre la norma y la justicia. A lo largo del tiempo, los sistemas normativos como el nuestro fueron adquiriendo una rigidez que los llevó a definir la justicia como un produco meramente procesal y consecuencia formal de la norma escrita.
Ciertamente no puede ser de otra forma, el derecho escrito, positivo, tiene que ser obedecido porque de otra forma no existe. El problema surge cuando la formalidad de la norma, sus disposiciones procesales, los plazos, actúan en contra de un sentido más básico de justicia, el cual únicamente se refiere el acto procesal.
De manera que algún gobernado que notablemente está siendo víctima de una injusticia, al no atender los términos procesales adecuados, puede resultar afectado por la resolución de un juez quién tiene que adecuarse a lo escrito, a lo presentado formalmente; y si el ciudadano no tiene una defensa adecuada puede perder el juicio, su propiedad o su libertad por una formalidad procesal.
La manifestación de las voluntades y la exhibición o búsqueda de los hechos facilitan el dictado del derecho por el juzgador. No es un asunto sólo de nuestro sistema, de hecho esa fue la motivación por la que hace unos años hubo un cambio del viejo esquema, cerrado, rígido y abigarrado al nuevo sistema de justicia oral.
El asunto en el fondo es que se dicte la ley con un sentido de justicia que haga compatible el principio pro persona de las garantías individuales con la obligación de los juzgadores atender la rigidez procedimental del derecho escrito. Dictar derecho con un sentido social implica empatizar la parte formal con la sustantiva. Vamos a ver cual es el sentido de dus determinaciones.
Otro reto que tiene la nueva Corte es desentrañar los avances o retrocesos que tuvo la reforma judicial del sistema de oralidad. Sí atendemos a la percepción ciudadana sobre la naturaleza justa de las resoluciones, la atención a víctimas, el rezago judicial, la sensación de que se liberan delincuentes sin el castigo requerido, y en general, el aumento de la violencia y la impunidad en el país, seguramente en la agenda deberán tener una revisión del nuevo sistema de justicia oral para saber hasta dónde hacer modificaciones, implementar reformas, y mejorar sustantivamente su aplicación. No es un asunto sólo de recursos, tiene que ver con dinero capacitación, compromiso.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal para interpretar las disposiciones de la Constitución, aplicar su contenido, discutir las diferencias de opinión que puedan surgir entre poderes o niveles de gobierno y particularmente, tiene la obligación de garantizar los derechos de los ciudadanos a través del Juicio de Amparo en sus diferentes modalidades. Esto implica tener criterios. Hay una cantidad importante de temas que estarán sujetos a los criterios de esta nueva corte.
Los tremas de los derechos indígenas, la legalización de cierto tipo de drogas, la tenencia de armas por particulares entre otros, serán temas que se legislarán a partir de criterios más o menos liberales de la Corte.
No se trata de que hayan sido electos por miles o millones de votos sino que tengan la capacidad de reencauzar el rumbo del sistema judicial y que no sean compara del ejecutivo, para que exista una verdadera división de poderes y el contrapeso de los excesos de cualquiera de los otros. Sólo así tiene sentido tanto brinco estando el suelo tan parejo.
Como se escribió en las escrituras, por sus hechos los conocereis.
