La consulta se realizó bajo los principios de respeto a los derechos de autodeterminación y participación comunitaria
Morelia, Michoacán, 17 de noviembre de 2024.-En cumplimiento a la sentencia emitida en los Juicios TEEM-JDC-120/2024 y TEEM-JDC-226/2024, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) llevó a cabo una consulta en la comunidad indígena de Nahuatzen, con el propósito de determinar si alguno de los tres grupos que se ostentan como Concejos Ciudadanos cuenta con el respaldo de la Asamblea General, máxima autoridad de la comunidad.
La consulta se realizó bajo los principios de respeto a los derechos de autodeterminación y participación comunitaria, en un contexto de divergencias internas relacionadas con la representación política y la gestión autónoma de los recursos comunitarios.
El ejercicio inició con el registro de las y los habitantes de Nahuatzen, supervisado por representantes designados de los tres grupos mencionados en la sentencia, quienes validaron que las personas participantes pertenecieran a la comunidad. Posteriormente, se abrió un espacio de exposición en el que cada grupo tuvo 30 minutos para presentar sus propuestas y comentarios, seguidos de un tiempo de réplica y participación de los miembros de la Asamblea General.
La etapa consultiva se realizó mediante votación a mano alzada, con personal del IEM encargado de registrar el sentido de la decisión, en la que se preguntó: ¿Consideran a alguno de los grupos como representante de la comunidad? La consulta arrojó los siguientes resultados: 431 votos por el “Sí” y 1,775 votos por el “No”, determinando que la Asamblea General no desea integrar un Concejo Ciudadano Indígena en Nahuatzen.
El proceso contó con la presencia de representantes de la Secretaría de Gobierno del Estado de Michoacán y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes garantizaron el desarrollo pacífico del ejercicio.
El IEM reafirma su compromiso garantizar los derechos políticos y de autodeterminación de las comunidades indígenas en Michoacán. Además, refuerza el compromiso institucional con la promoción de modelos de participación que respeten las prácticas y decisiones autónomas de las comunidades.
