Opinión
Lorena Cortés
El estudio Hallazgos 2023 de México Evalúa sitúa a Michoacán como el estado con el menor índice de impunidad en México, con un 76.26%. Le siguen Querétaro (78.74%) y Guanajuato (79.82%), mientras que Colima, Jalisco y Guerrero superan el 97%. A primera vista, estos números podrían interpretarse como un avance en justicia para algunos estados, pero los recientes hechos de violencia en Querétaro evidencian que ningún territorio está realmente exento de los efectos del crimen organizado, sin importar cuán bajo sea su índice de impunidad o incidencia delictiva.
Hasta hace poco, Querétaro era considerado una “isla segura” en una región marcada por el conflicto entre grupos criminales. El Gobierno federal no incluyó a Querétaro en su lista de prioridades en seguridad pública, pues las balaceras, explosiones y asesinatos solían asociarse con sus vecinos más violentos, como Guanajuato y Michoacán.
Este estatus de bajo riesgo contribuyó a la imagen de Querétaro como un “territorio santuario” para la tranquilidad, reforzado por su incidencia delictiva relativamente baja y un sistema judicial eficiente. Sin embargo, la reciente matanza en el bar Cantaritos, donde diez jóvenes fueron brutalmente acribillados, sacude esta imagen de seguridad y deja en evidencia que la violencia del crimen organizado no distingue límites geográficos ni índices estadísticos.
La tragedia en Querétaro pone en evidencia tabmién una realidad urgente y dolorosa: la influencia de los cárteles está extendida por toda la región central del país. Querétaro, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Colima y Guerrero se encuentran atrapados en un escenario donde cuatro grupos criminales —el Cártel Jalisco Nueva Generación, La Familia Michoacana, el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Nueva Plaza— compiten por el control territorial. Esta disputa va más allá de los enfrentamientos visibles; los cárteles no solo actúan con poder de fuego cada vez más letal, sino que también logran enraizarse en las comunidades a través de un reclutamiento juvenil encuentran terreno fértil.
La situación en Querétaro es una muestra clara de cómo la expansión del crimen organizado afecta incluso a los estados considerados “seguros”. Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registran, entre enero y septiembre de 2024, 36,178 delitos en Michoacán, 115,753 en Guanajuato, 95,187 en Jalisco, 45,224 en Querétaro y 18,778 en Colima, cifras que reflejan realidades diversas en términos de criminalidad, pero que comparten un desafío común: el crimen organizado encuentra la manera de penetrar en todos los territorios, sin importar sus índices de seguridad.
La situación en Michoacán y Guanajuato, ambos con índices de impunidad elevados y violencia constante, resalta la realidad que ahora se asoma en Querétaro. Aunque Michoacán, con un índice de impunidad de 88.58% en homicidios dolosos, ha logrado mejoras administrativas en el rezago procesal, estos avances no han sido suficientes para reducir la violencia. Guanajuato, con un índice de impunidad de 92.44% en homicidios, enfrenta los mismos problemas, agravados por la constante presión del crimen organizado en un contexto de alta criminalidad en donde huachicol es uno de los focos rojos generador de violencia.
Querétaro, en contraste, mantenía un índice de impunidad bajo y una incidencia delictiva manejable, lo que permitió que se percibiera como un lugar menos vulnerable a la violencia. Sin embargo, la reciente matanza expone la vulnerabilidad de todos estos estados frente a la disputa entre cárteles.
La seguridad en esta región interconectada no puede ser tratada de manera aislada. Los cárteles en disputa no reconocen fronteras estatales y, con una estrategia fragmentada, estos estados quedan expuestos al avance criminal en cualquier punto. La situación en Querétaro nos recuerda que ningún estado puede considerarse inmune o fuera del alcance del crimen organizado en México.
