Aun cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad en materia electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación intentó involucrarse en la elección del 2 de junio.
Injerencia en asuntos electorales, trampas en el proceso de selección de jueces, nepotismo, nula disciplina en la actuación de impartidores de justicia y remuneraciones violatorias a la Constitución son las principales fallas que el Poder Ejecutivo busca resarcir a partir de la reforma al Poder Judicial, argumentó la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján.
En conferencia de prensa matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador argumentó que, aun cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad en materia electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación intentó involucrarse en la elección del 2 de junio.
En agosto de este año, la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, admitió un recurso del dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, para que la Corte interpretara y definiera los criterios de la asignación de diputaciones plurinominales en el Congreso, cuando esto es competencia exclusiva del Tribunal Electoral.
El proceso de selección de jueces está manchado por la venta de exámenes en 186 mil pesos. Además, se han documentado casos de corrupción al más alto nivel en la Escuela Judicial. Derivado de estas faltas, con frecuencia son impugnados los concursos ante la inequidad, influyentismo y carencia de criterios objetivos.
Respecto al nepotismo, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) reveló en diciembre de 2022 que la mitad del personal, equivalente a 24 mil 546 personas, tiene al menos un familiar en el Poder Judicial.
Por ejemplo, el 85.4 por ciento de los magistrados y el 67 por ciento de los jueces tienen parientes en el Poder Judicial de la Federación. Esta información se obtiene del registro voluntario que realizan las y los trabajadores, bajo protesta de decir verdad, por lo que se estima que la presencia de familiares políticos, como cuñados, nueras, suegros y yernos no registrados podría ser mayor.
Sobre la vigilancia y sanción del comportamiento irregular de jueces y magistrados, la secretaria explicó que el Consejo de la Judicatura Federal no cumple con su función a cabalidad. De 2004 al 2023 se presentaron 38 mil quejas contra funcionarios del Poder Judicial, de las cuales se desechó el 86 por ciento sin iniciar una investigación. De las quejas investigadas, el Consejo sancionó sólo a 472 jueces y magistrados.
De enero de 2023 a la fecha, el Poder Ejecutivo, a través de diferentes dependencias, ha presentado ante el Consejo de la Judicatura Federal 72 denuncias contra jueces y magistrados. A la fecha, ninguna ha resultado en una sanción.
En cuanto a las excesivas remuneraciones de altos funcionarios en el Poder Judicial, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación violan el artículo 127, fracción II de la Constitución, que establece: «Ningún servidor público podrá recibir remuneración… por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente».
Aunque la reforma data de 2009, el Poder Judicial se ha resistido a cumplir este mandato bajo los siguientes argumentos: que los ministros designados antes de 2009 ya tienen un derecho adquirido; que los ministros designados después de 2009 tendrán diferencias salariales discriminatorias y que hay ambigüedad en los conceptos que integran la remuneración del presidente.
Además de salarios y prestaciones por 460 mil 783 pesos en conjunto, los ministros reciben beneficios adicionales que suman más de 700 mil pesos mensuales, entre alimentos, camionetas, gasolina, telefonía y otros privilegios. En tanto, el presidente de la República recibe al mes 161 mil 538 pesos, considerando sueldo y prestaciones.
El presidente López Obrador aclaró que la reforma al Poder Judicial no pretende despedir a las y los trabajadores.
“Entonces, también que no espanten de que: ‘a ver, se va a despedir a los trabajadores’. No, ni siquiera los familiares. (…) Es arriba, siempre los privilegios se dan arriba y hay que limpiar de privilegios y de corrupción al gobierno, como se barren las escaleras, de arriba para abajo; es cortar el copete de privilegios y se avanza muchísimo y eso es lo que está de por medio”, reiteró.
Aseguró que el Gobierno de la Cuarta Transformación denuncia y enfrenta la corrupción en todos los ámbitos de la vida pública para beneficiar al pueblo.
“La reforma contempla la elección y es también el pensar que la justicia no sólo es despedir gente, no sólo es castigar. La justicia es en mucho prevenir que estas cosas ya no se repitan, que podamos eliminarlas, desterrarlas de nuestro país y hay tener confianza en que sí se puede”, enfatizó.
