Opinión
Lorena Cortés
En su último informe, el presidente López Obrador presumió una reducción de los homicidios dolosos y feminicidios. Sin embargo, lo que no mencionó es que, durante su administración, estos delitos alcanzaron sus máximos históricos. Y en el caso del feminicidio, no hay tal disminución.
De igual forma, señaló que la percepción de inseguridad en México es «la menos mala» en los últimos 10 años. Según los datos de la encuesta trimestral del Inegi, el 59.4% de los mexicanos siente inseguridad, una cifra que, según el presidente, es 15.5% menor que cuando comenzó su mandato. Estos datos son reales.
No obstante, es importante detenernos en el término «percepción». Porque, claro, mientras algunos podrían interpretar este dato como un avance en materia de seguridad, otros podríamos ver cómo la maquinaria narrativa de Obrador ha logrado suavizar la cruda realidad de la violencia en el país.
Es innegable que el presidente tiene un talento especial para moldear la realidad a través de su discurso. Después de todo, este es el mismo mandatario que nos ha asegurado que México tiene el mejor sistema de salud del mundo, incluso mejor que el de Dinamarca. Y, por supuesto, hay quienes creen en esta narrativa con una fe inquebrantable.
Desde el inicio de su mandato, López Obrador insistió en que la solución a la inseguridad en México radica en atacar las causas «profundas» o «reales» del crimen, que, según él, son la marginación social y la pobreza. Esta postura obedeció, a lo largo de su mandato, más a una simplificación preocupante de un problema que es mucho más complejo, de cara a la debilidad institucional nunca antes vista como en la era del obradorato.
Diversos estudios han demostrado que, si bien la pobreza puede crear un entorno propicio para ciertos tipos de delitos, no es en sí misma un factor determinante. Países como India, que tienen índices de pobreza comparables o incluso superiores a los de México, no experimentan los mismos niveles de violencia que nosotros.
Investigaciones sobre economías del crimen han demostrado que la decisión de involucrarse en actividades delictivas es, a menudo, una elección racional, influenciada por la percepción de riesgos y recompensas, y por la efectividad del sistema de justicia.
En otras palabras, los delincuentes no siempre son víctimas de la pobreza; a menudo son actores racionales que responden a las condiciones de impunidad y corrupción que prevalecen en nuestro sistema.
Sin embargo, en el informe de López Obrador, este tipo de análisis no tuvo lugar. En cambio, se presentó una vez más la idea de que combatir la pobreza es la panacea para todos nuestros males, una frase hecha que sirve más para ocultar los problemas reales que para solucionarlos.
En su análisis para El Financiero, Eduardo Guerrero señala que “…la seguridad es el ámbito en el que un ‘rompimiento’ con el obradorismo, o al menos un golpe de timón, resulta más necesario”, pues apunta a que “…el sexenio no cierra bien”. Y que “…después de haber reportado una ligera disminución en años previos, la violencia está repuntando”, remata el especialista.
La realidad del México violento está atrapada entre frases hechas y discursos grandilocuentes, sustituyendo un análisis serio y detallado de los verdaderos desafíos que enfrenta nuestra nación en materia de seguridad. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro (aunque es una buena idea, muy mal implementada) no arrojó evidencia de restarle base social a los grupos del crimen organizado, más bien obedecio a un programa de apoyo social, en el mejor de los casos. Nuestro país necesita más que una política social disfrazada de seguridad, necesita una política criminal basada en la evidencia.
