Las autoridades tienen la obligación de propiciar y garantizar condiciones dignas para todas las personas
Por: Lizbeth Serriteño
Morelia, Michoacán a 31 de julio 2024.- El desplazamiento forzado generado por la violencia es un fenómeno desafortunado que se ha presentado en diversos países de América Latina, y en el caso de México se ha hecho visible en estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán.
En Michoacán esta situación se presenta principalmente en los límites con otros estados, pero también en la Tierra Caliente, donde entre otros municipios, se asientan Apatzingán, Aguililla, Parácuaro, Nueva Italia, Chinicuila, Buenavista, Tepalcatepec y Coalcomán.
Para el doctor en derecho Gumesindo García Morelos, el desplazamiento tiene como consecuencia, la violación de varios de los derechos humanos de los desplazados, como la libertad de tránsito, el derecho a la vivienda digna, el acceso al agua, a la alimentación, a la educación, a la seguridad jurídica y el derecho humano a la paz.
En este sentido, explica que las autoridades tienen la obligación de propiciar y garantizar condiciones dignas para todas las personas, teniendo incluso derecho a recibir un trato diferenciado por el estado debido a la condición de vulnerabilidad en la que se encuentran.
“La seguridad pública, de acuerdo a la Constitución, es una cuestión de competencia concurrente, es decir, federación, estados y municipios, y de acuerdo a la ley que emite el Congreso de la Unión, a la ley general, estos niveles de gobierno tienen una obligación positiva para prevenir y proteger bienes como la vida, la integridad física, la libertad y el patrimonio”.
García Morelos comparte que un medio de defensa contra este fenómeno, corresponde al Poder Judicial de la Federación, advirtiendo que se tienen que presentar demandas de amparo colectivo, para que los jueces federales emitan órdenes a las autoridades de distintos niveles de gobierno, ayuntamientos, estados y el mismo presidente de la República para que garanticen el desarrollo social.
