Opinión
Lorena Cortés
En un acto de desesperación, un grupo de agentes de la Guardia Civil de Michoacán tomaron las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública. En está protesta, que las autoridades subestiman por que son tomadas por un «pequeño grupo minoritario», han manifestado su inconformidad por los recurrentes descuentos en sus compensaciones por riesgo, por la falta de armamento y equipamiento para relizar su trabajo.
La manisfestación, no sólo refleja un profundo descontento generalizado en esa institución, refleja el sentir de cientos de agentes de la recien nombrada Guardia Civil, destacando la falta de empatía y comprensión por parte de las autoridades hacia las difíciles y peligrosas condiciones en las que los policías generalmente desempeñan su labor.
Imaginen por un momento ser un agente de la Guardia Civil en la región de Tierra Caliente, Michoacán. Aquí, las temperaturas superan los 45 grados bajo el sol, mientras que el uniforme estándar, lejos de estar diseñado para estos niveles extremos de calor, agrava la situación. A esto se suma el peso del equipo: más de 15 kilos entre armamento y un chaleco antibalas. Si añadimos horarios extenuantes, la falta de lugares adecuados para descansar y la distancia de sus familiares, ¿no parece algo inhumano?
La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán ha padecido no de hora, sino una prolongada crisis que refleja profundas deficiencias estructurales y éticas. Varias administraciones han estado marcadas por la corrupción y la negligencia, basta recordar la intromisión a esa dependencia de personajes del Estado de México, en uno de los capítulos más controversiales para la soberania de Michoacán, la epocá conocida como el Virreynato de Alfredo Castillo, donde el bienestar de los policías y el desarrollo de un servicio civil de carrera fueron relegados en favor de intereses económicos y políticos de unos pocos.
Hoy en día las autoriades no atinan en explicar claro los descuentos recurrentes en las compensaciones por riesgo de los agentes de la Guadia Civil, recortes injustos e injustificados. Este recurso de la compensación por riegos se maneja en todal discrecionalidad. No hay reglas de operación claras y transparentes, no hay una auditoria, lo que va minando la confianza entre los agentes que arriesgan sus vidas en el territorio y las autoridades que desde la comodidad de sus escritorios determinan quien si y quien no y el monto de la compensación, que también las asignan a personal administraivo, insisto con total discrecionalidad.
Para los policías estos fondos no son un lujo; son una necesidad vital para quienes enfrentan el peligro diariamente. Los agentes de la Guardia Civil confían en estas compensaciones para asegurar el bienestar de sus familias!
Sin emnbargo, en el corazón de esta crisis se encuentra una cultura organizacional decadente, (no de ahora) que ha minado el ambiente laboral y en consecuencia la efectividad y la percepción de la corporación.
Una de las prácticas recurrentes en esta administración son los actos de corrupción en los que han sido involucrados algunos agentes de la Guardia Civil y que impacta en la perscepción generalizada contra la corporación policial, el Ing. Alfonso Martínez Presidente Municipal de Morelia, ha documentado cientos de denuncias ciudadanas de abusos policiales suceptibles a ser tipificados como delitos.
Actualmente la cultura organizacional que prevalece en la SSP está caracterizada por una disciplina militar, distinguiendose por una estricta jerarquía y una “forma de mando autocrático”, digamos que con la intención de mejorar la organización y la eficacia operativa.
En la práctica, esta estructura, cuando no se adapta adecuadamente al contexto civil, puede llevar a abusos y excesos que perjudican a los agentes generando un ambiente hostil que se convierte en hostigamiento laboral, donde los agentes son obligados a obedecer sin oportunidad de expresar sus preocupaciones creando una admosfera de miedo y represión.
La institución de igual forma padece de una cultura laboral que sostiene un sistema de creencias machistas que se refleja entre otras cosas, en la cosificación de los cuerpos de las mujeres especialmente en áreas administrativas, lo que refleja los estereotipos de género que denigran a las mujeres.
Es controversial que, a pesar de las evidentes necesidades de la policía estatal, el gobierno de Alfredo Ramírez no haya priorizado una reforma policial en su agenda de seguridad. La falta de acción en este ámbito refleja una desconexión total con las realidades y las mejores prácticas en el ámbito. Es una tendencia internacional las reformas policiales basadas en la evidencia, para el desarrollo de una policía democrática que respete los derechos humanos y actúe con transparencia y rendición de cuentas. Este desinterés o desconocimiento, no sólo afecta a los policías, sino también a toda la ciudadanía que depende de una fuerza policial eficaz y profesional.
En un momento crítico para la seguridad y la gobernanza en Michoacán, es imperativo que el gobierno del estado demuestre humildad y apertura para reconocer los avances significativos logrados en la reforma policial implementada por el Presidente Municipal Ing. Alfonso Martínez en Morelia. Este modelo de reforma, que ha sido reconocido y apoyado por la Embajada de Estados Unidos a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), ofrece lecciones valiosas que pueden y deben ser aplicadas en todo el estado.
