La advertencia es clara
Morelia, Michoacán a 31 de mayo 2024.- La palabra democracia y lo que representa ha quedado de lado en diversos estados de México incluido Michoacán, donde habitantes de Aguililla han denunciado amenazas del crimen organizado, especialmente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para que su voto sea por Elsa Guadalupe Contreras Sánchez, anteriormente síndico y hoy candidata a la presidencia municipal.
De acuerdo a los testimonios que recabó El Universal, la advertencia es clara, o votan por la candidata del Partido Verde Ecologista y muestran las fotografías de la evidencia o son expulsados de sus hogares e incluso existe amenaza de atentar contra su vida.
Adela, nombre de una de los testimonios asegura que Armando Gómez Núñez, Delta 1, comandante de las fuerzas de élite del CJNG, fue quien lanzó la advertencia.
Otro de los testimonios bajo el nombre de Antonio de Jesús, relata que era un trabajador de la presidencia municipal y que la elección de este 2 de junio ya se estaba planeada desde 2022 cuando el entonces alcalde César Arturo Valencia Caballero fue asesinado.
Como ex trabajador del Ayuntamiento de Aguililla en el área de tesorería asegura tener conocimiento de que Elsa Contreras, en su calidad de síndico, sacaba el recurso del ayuntamiento para dárselo a esa organización, así mismo señaló, que tuvo que huir de Aguililla, por oponerse a la repartición de los recursos públicos al CJNG.
Un testimonio más de un joven jornalero denuncia que él junto a otros beneficiarios de programas sociales federales son víctimas de presunta malversación y extorsión de las autoridades municipales, pues del monto que reciben se les descuentan 3 mil pesos mensuales que hacen llegar a los grupos de la delincuencia.
En 2022 incluso, luego de la muerte de César Arturo Valencia Caballero, María de Jesús Montes Mendoza, quien tomó el cargo como presidenta municipal de Aguililla, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía en contra de la síndico, Elsa Guadalupe Contreras Sánchez, acusándola de expedir credenciales del ayuntamiento a personas que no trabajaban en la administración municipal, entre ellas a integrantes del crimen organizado.
Con información de El Universal
