Jaime Darío Oseguera Méndez
El incidente diplomático en la embajada de México en Ecuador, pone a discusión la manera en que nuestro país se ha conducido internacionalmente en los últimos años, evidenciando la pérdida de prestigio y respeto de nuestros vínculos con el mundo.
El gobierno ecuatoriano se excedió al profanar la embajada mexicana. Lo hizo en función de una notable diminución de la presencia de México globalmente. No hay justificación alguna. Es una de las más altas ofensas que un país puede hacer a otro, porque en los hechos significa una invasión a su territorio, una agresión a la soberanía.
La semana pasada el ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glas, solicitó asilo político en la embajada mexicana y su joven presidente Daniel Noboa, decidió penetrar ilegalmente en nuestra sede diplomática para sacarlo con la fuerza pública y a costa de cualquier resistencia. Al político en desgracia se le atribuyen presuntamente cargos por corrupción.
Los grandes promotores de las relaciones diplomáticas, sostienen que en un mundo globalizado, con problemas como el incremento en la migración por razones de violencia, las persecuciones políticas y el narcotráfico, hacen mucho más necesaria la fortaleza de las relaciones diplomáticas entre países y requieren acentuar, fortalecer las reglas del derecho internacional.
El gran Hans Kelsen justamente argumenta que la deficiencia del Derecho Internacional es que no tiene capacidades coercitivas. Es difícil hacer cumplir sus postulados.
La Convención de Viena firmada a finales de los sesenta, fue convocada y promovida para darle fuerza a las relaciones diplomáticas, los tratados internacionales y, en general, a todos los acuerdos firmados entre Estados nacionales con la finalidad promover una mejor convivencia en el mundo.
Es una forma de reconocimiento del derecho que tienen todos los países de respetar y ser respetados; colaborar y ser el destino de cooperación internacional.
La propia Convención de Viena justifica su naturaleza “teniendo presentes los principios de derecho internacional incorporamos en la Carta de las Naciones Unidas, tales como los principios de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos, de la igualdad soberana e independencia de todos los Estados, de la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, de la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza y del respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos y la efectividad de tales derechos y libertades.”
Bajo esta premisa se reconoce el Derecho de Asilo, que se desprende de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como una forma de protección para los individuos de cualquier país en caso de persecución política, que no sea originada por leyes del fuero común.
El mundo ha cambiado sustantivamente en los últimos años. Tal vez valga poner como escenario el último medio Siglo. La globalización nos dio a todos una ventana al mundo y su consecuencia fue la preocupación de muchos países por los sucesos de otros, principalmente rivales ideológicos. Los estados liberales vigilan y acusan a los socialistas; los árabes a los judíos. Los demócratas a los dictadores; los chinos a los tibetanos o los coreanos se acusan entre si de por medio el paralelo 38.
Son acusaciones de persecución y violencia contra los opositores internos casi siempre enmarcadas en el cochinero de la corrupción. A pesar de este cambio en el mundo y el fin de la Guerra Fría acabó hace treinta años, las persecuciones políticas continúan en diferentes modalidades. Solamente que ahora son muy fáciles de exhibir a través de las redes sociales.
En ese contexto sucedió la petición de Jorge Glas, que fue vicepresidente en el Gobierno izquierdista de Rafael Correa, quien por cierto se encuentra en Europa acusando también persecución política.
La Convención sobre Asilo Diplomático de la Organización de Estados Americanos firmada en Venezuela en 1954, se preocupaba justamente por la persecución política de los disidentes de las dictaduras latinoamericanas, de los gorilas que tiranizaron a nuestros países.
Marcó un hito en nuestra histórica política porque salvó la vida de miles de latinoamericanos que en todo nuestro continente combatieron la tiranía y los gobiernos dictatoriales.
Es esta Convención, además de las costumbres internacionales y el sentido común, la hermandad entre los pueblos, lo que viola Ecuador con su invasión a la Embajada mexicana el Quito.
Así dice la Convención: “el asilo otorgado en legaciones, navíos de guerra y campamentos o aeronaves militares, a personas perseguidos por motivos o delitos políticos, será respetado por el Estado territorial… Todo Estado tiene derecho de conceder asilo; pero no esta obligado a otorgarlo ni a declarar porque lo niega.”
Si México otorgó asilo político fue bajo la concepción que el ex vicepresidente era un perseguido político. La propia Convención resuelve que “corresponde al Estado asilante (en este caso México) la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución y también si se trata de una urgencia.”
El gobierno de Ecuador dice lo contrario y acusa de narco terrorista a Jorge Glas. Ellos usan el artículo tercero de la misma Convención para justificar su atropello a la embajada: “no es lícito conceder asilo personas que al tiempo de solicitar los encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales, sin haber cumplido las penas respectivas.”
En Ecuador el asalto a la Embajada ha creado tensión política. En México no se le ha dado mucha importancia, porque estamos ocupados en los aburridos debates electorales, pero sería un buen momento para volver a poner nuestra voz en el mundo, restablecer nuestro prestigio y ser el país respetado que hemos sido en Latinoamérica a lo largo de la historia. Nada más faltaba un buen pretexto.
