Opinión
Lorena Cortés
En un proceso electoral que se ha caracterizado por la violencia y donde se elegirán más de 20 mil cargos de elección popular, la seguridad de los aspirantes debería ser una prioridad innegociable. Sin embargo, el protocolo establecido por el Instituto Nacional Electoral (INE) se revela como tardío, rebasado y burocrático, dejando a los candidatos desprotegidos y vulnerables ante la violencia política.
En los primeros dos meses del 2024, 33 perosnas del ámbito de la política partidista, algunos aspirantes a cargos de representación popular han sido asesinados.
El proceso electoral comenzó en septiembre del año pasado y las precampañas oficialmente el 20 de noviembre de 2023, apenas no solo el INE, sino el gobierno de la república a través de sus areas de seguriad presentaron su propuesta de seguridad para las y los candidatos, en febrero de este año.
En una mañanera el presidente Obrador señaló a propósito del asesianto de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya Guanajuato, Gisela Gaytán, que no se le brindo seguridad en ese momento, por que todavía no comenzaban las campañas. Así o más absurdo.
El mecanismo está rebasado, la mayoría de las víctimas han sido aspirantes a cargos locales, lo que evidencia que son los más desprotegidos por el protocolo, pues solo contempla a los aspirantes a cargos de nivel federal.
Burocrático, en tanto la seguridad es tardía cuando depende de una tramitología, pues la solicitudes de protección de los aspirantes a cargos populares, serían enviadas por el INE a los institutos electorales estatales (OPLES) y en consecuencia a las instancias estatales o locales de seguridad. Lo anterior a todas luces retrasa el acceso a la seguridad de las y los candidatos, según lo establecido en dicho protocolo.
Es innegable que estamos inmersos en un proceso electoral caracterizado por la violencia y la intimidación, sin embargo, las declaraciones del gobernador Ramírez Bedolla, frente a la supuesta solicitud del Ing. Alfonso Martínez, de solicitar seguridad para su campaña al gobierno del estado, parecen ir más allá de la preocupación legítima por la seguridad del candidato a la reelección, al sugerir que el alcalde de Morelia desconfía de su propia policía, Ramírez parece estar tratando de obtener rédito político en medio de una situación delicada. Esta afirmación no solo es cuestionable, sino que también podría contribuir a exacerbar la polarización y la desconfianza entre las instituciones y los actores políticos.
El panorama de inseguridad que enfrenta este proceso electoral, exige respuestas ágiles y eficientes por parte de las autoridades de seguridad de los tres órdenes de gobierno, más alla de las diferencias políticas pues se trata de acciones que podrían salvar vidas y proteger a nuestra democcracía.
