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Inaplazable, tipificar sanciones para prohibir intercambio de niñas y adolescentes para matrimonio: Margarita García

«Estas prácticas mantienen la desigualdad de género que afecta, principalmente, a niñas que tienen un mayor riesgo de sufrir violencia doméstica», sostiene la diputada del PT

La diputada Margarita García García (PT) presentó una iniciativa que reforma la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, con el objetivo de especificar y tipificar los castigos y prohibir el intercambio de niñas y adolescentes con fines de matrimonio, además de actualizar las multas por sanciones.

En un comunicado aseguró que, pese a las reformas hechas al Código Civil en 2019, en donde se establece que para contraer matrimonio se requiere haber cumplido 18 años de edad, aún prevalecen este tipo de actos por usos y costumbres de las comunidades originarias, donde es común el trueque de las hijas por animales o dinero.

La también secretaria de la Comisión de Salud ahondó que estas prácticas son muy comunes en zonas indígenas, especialmente de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, lo que mantiene la desigualdad de género, misma que afecta y vulnera los derechos, principalmente de las niñas, quienes sufren un mayor riesgo de vivir violencia y tienen menos acceso a la educación.

Reiteró que con la reforma en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes se señalará con claridad que estarán sujetos a sanciones quienes no respeten la edad para contraer matrimonio y quienes ejerzan la venta de niñas y adolescentes para ese fin; de tal forma que quienes incurran en las infracciones, se les impondrá una multa de hasta mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Finalmente, García García aseveró que con la propuesta presentada en la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, se le atribuirá dentro de sus funciones, la erradicación de la venta e intercambio de niñas y adolescentes, para que con ello se sancionen y prevengan los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas que los sufran.

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