El dictamen avalado por unanimidad en la sesión de la Cámara de Diputados fue enviado al Senado
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 382 votos, el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de que las autoridades de los tres niveles de gobierno realicen acciones para sensibilizar a los núcleos familiares y escolares sobre el respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad.
Asimismo, las modificaciones a los artículos 4 y 55 incorporan el concepto de accesibilidad, la cual define como “las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales”.
El documento, remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, refiere que existe un alto grado de marginación para las niñas y niños que viven con alguna discapacidad. Este grupo poblacional comparte diversas carencias socioeconómicas y tienden a vivir en localidades aisladas que incrementan el grado de vulneración y barreras que impiden su sano desarrollo integral.
Destaca que diversas investigaciones han demostrado que estos grupos enfrentan mayores retos para la educación. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), dos de cada 10 personas con discapacidad no saben leer ni escribir, lo que impacta directamente en los ámbitos social y laboral.
Indica que, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de los Personas con Discapacidad los niños, niñas y adolescentes con discapacidad tienen derecho a la igualdad ante la ley, a la no discriminación, a la vida, a la integridad personal, a la educación, a la salud, a la protección contra la explotación, la violencia y el abuso, a la participación en la vida cultural, deportiva y recreativa, y a la libertad de expresión y de opinión.
Falta de conocimiento lleva a la discriminación
La diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada (PAN) señaló que la falta de conocimiento y comprensión sobre las discapacidades, a menudo, lleva a la discriminación, al estigma y a la exclusión. La sensibilización no sólo implica conocer los diferentes tipos de discapacidades sino también reconocer que todas las personas merecen respeto y oportunidades, independientemente de sus capacidades.
Refirió que, según datos del Inegi, en México hay 2.61 millones de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Consideró que con este dictamen no sólo se da un paso hacia adelante en términos legales, sino que “estamos sembrando las semillas de un cambio cultural profundo, para desafiar estereotipos, derribar barreras y abrir puertas que llevan hacia un futuro más justo y equitativo”.
La inclusión no solo es un acto de justicia, “es un acto de amor y respeto hacia nuestras futuras generaciones”. Estimó que esta reforma “es un pacto de solidaridad, un compromiso con la igualdad, y un llamado a la acción por la inclusión como promotora de justicia social”.
Accesibilidad es la eliminación de las barreras
En tanto, la diputada Catalina Diaz Vilchis (Morena) dijo que la accesibilidad es la eliminación de las barreras que limitan la autonomía. Sostuvo que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen el derecho de ejercer todas las garantías que la Constitución Política, los tratados internacionales y las leyes ordenan en su favor; a vivir y desenvolverse en su comunidad en igualdad de condiciones que las demás personas.
Subrayó que las autoridades están obligadas a implementar todas las acciones afirmativas de inclusión necesarias. Definir el concepto de accesibilidad es de gran importancia para los efectos de la ley, ya que el Estado establece acciones para garantizar la igualdad sustantiva, así como el acceso a la seguridad.
Afirmó que este cambio vela por los intereses superiores de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Con ello se muestra la preocupación por que se realicen acciones efectivas y se eviten omisiones en la materia.
