Por: Yurisha Andrade Morales
Más allá del mirador que cada persona tenga para analizar los fenómenos sociales, es un hecho que los procesos electorales y, en un sentido más amplio las democracias, requieren de la mayor participación ciudadana posible para su funcionamiento y para conocer la perspectiva de cada segmento de nuestra sociedad sobre las problemáticas que nos aquejan, las propuestas de solución que plantean, los valores que defienden y los logros y avances que consideran necesarios preservar. Lo deseable es que las expresiones de estos movimientos se den en forma pacífica y en el marco de la ley.
El pasado 18 de febrero, nuestro país fue testigo de amplias movilizaciones sociales en, al menos 120 ciudades, así como en diversos lugares del extranjero. Es la tercera vez que la llamada “marea rosa” sale a las calles y se concentra en las principales plazas públicas bajo el argumento de defender la institucionalidad democrática del país construida en los últimos 34 años. Es la segunda ocasión que se observa lleno el zócalo de la Ciudad de México y donde los manifestantes, entre otros aspectos, se pronunciaron a favor de que el próximo 2 de junio las elecciones se den con un ejercicio de voto libre y pacífico.
Las marchas también refrendaron diversos mensajes que habíamos advertido en el pasado reciente: por un lado, la existencia de una parte de la ciudadanía activa y demandante; desde otra perspectiva, el clima de polarización que caracteriza el desarrollo de los procesos electorales en curso y que divide las opiniones, pues para unos existen riesgos para nuestra democracia y para otros estamos frente a una democracia sólida y fortalecida.
De estas expresiones, las autoridades electorales y los diversos actores políticos debemos asumir que, manifestarse en forma pacífica es un derecho de todas y de todos y que la organización de las elecciones precisa de la participación ciudadana en diversas asignaturas: en la integración de las mesas directivas de casilla que siempre están a cargo de personas que voluntariamente asisten para recibir y contabilizar los votos; en las actividades de la observación electoral, para verificar la calidad de la logística electoral y para visualizar la sujeción, o no, de partidos, candidatos y gobiernos a las reglas del juego y a las determinaciones de las autoridades electorales.
Al final, la ciudadanía cumple la delicada función de elegir a gobernantes y a representantes populares, muchos de los cuales ahora participan conforme con las reglas de las elecciones consecutivas. Son las y los electores quienes evaluarán en las urnas si refrendan su confianza en las candidaturas y partidos o si deciden modificar la distribución del poder público.
El veredicto ciudadano en las urnas es definitivo y las instituciones electorales tenemos la responsabilidad de aplicar con imparcialidad las reglas del juego político, para garantizar el cabal ejercicio de nuestros derechos políticos y para hacer posible una integración legítima de los poderes públicos a partir del voto popular.
El valor principal de la participación ciudadana en las elecciones radica en que el voto libre, sin presiones y sin coacción, es la principal garantía de que los gobiernos están en manos de personas que tienen el respaldo popular y es, al mismo tiempo, la evidencia de que las garantías constitucionales de libre asociación y expresión funcionan y se materializan.
La renovación de más de 20 mil cargos públicos en todo el país es una nueva oportunidad para que todos demostremos que vivimos un Estado de derecho caracterizado por elecciones libres y auténticas, que son imparciales y competitivas y donde el voto de cada persona cuenta igual que el de todos los demás. Bajo esta línea argumental, vale tener presente lo que apuntan Daniel Levine y José Enrique Molina, al analizar la calidad de la democracia en América Latina: «Es mediante la participación que los ciudadanos eligen gobierno, le exigen responsabilidad e influyen en las decisiones sobre políticas públicas directa o indirectamente mediante representantes. A mayor participación mayor probabilidad de que el gobierno y sus decisiones representen la voluntad de los ciudadanos”.
*Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
