Jaime Darío Oseguera Méndez
En la medida que avanza el proceso electoral y se acerca la elección, la sombra de la violencia aparece en diferentes modalidades, intermitentemente, amenazante.
Tal vez sea más exacto hablar de las diferentes formas de violencia que afectan de manera más o menos intensa en diferentes regiones y comunidades del país.
El asunto ya llegó hasta la conferencia “mañanera” del Presidente López Obrador que ha hablado, como es de esperarse, que no hay amenazas reales de violencia para que se lleven a cabo las diferentes etapas del proceso electoral.
Es necesario distinguir los diferentes espacios de amenaza y riesgo que tiene el proceso de elecciones ante las modalidades de violencia que experimentamos cotidianamente, para identificar y en su momento asumir quien tiene la responsabilidad de enfrentar su prevención.
No es el INE quien tiene la obligación de atender el problema. Antes bien debería existir un protocolo de atención y coordinación entre las diferentes entidades públicas que intervienen: los institutos electorales locales, las escuelas que abren sus puertas para los centros de votación, los partidos políticos, candidatos y sus equipos de campaña, los ciudadanos votantes y observadores electorales. Todos deberíamos tener claros ciertos procedimientos y mecanismos de acción para actuar en caso de que el desarrollo del proceso electoral se contamine con la violencia que vive el país.
Primero debemos aceptarlo: vivimos uno de los momentos más duros en materia de violencia; si no lo reconocemos no lo resolvemos. Hablamos de delincuencia sin adjetivos: común, organizada, desorganizada, institucionalizada, a final de cuentas es lo mismo y si no lo reconocemos para blindar el proceso entonces estamos perdiendo momento valiosos.
Por ejemplo, habrá que ser muy cuidadosos en los lugares en que se establezcan los centros de votación, las casillas electorales. Tradicionalmente se tiene un catálogo de los sitios donde se han llevado al cabo las votaciones porque son espacios públicos bien identificables, con acceso cómodo, ubicados en lugares centrales de las secciones electorales, a donde es posible inclusive llegar a través de transporte público.
Se trata de espacios que deberían tener ciertas facilidades, como baños, estacionamientos, autorizados para evitar riesgos de protección civil, en caso de aglomeraciones, incendios o una muy eventual catástrofe natural. Regularmente hablamos de escuelas y espacios pertenecientes a los municipios: plazas públicas o espacios deportivos, centros comerciales.
El asunto es ver en cuántos de todos estos lugares donde tradicionalmente se han desarrollado las elecciones ha avanzado la amenaza de la violencia y el éxodo o desplazamiento de los habitantes. ¿En cuantas de las escuelas de Aguililla o la Sierra de Guerrero, ya no tenemos condiciones para llevar a cabo el proceso?
Ese es un tema que no va a identificar ni reconocer la autoridad educativa, tal vez con justa razón porque no es de su competencia, pero deberá haber alternativas para que, si el día de la elección no es posible abrir algunas casillas, esto no sea motivo de impugnaciones o nulidades.
De lo que se trata es fundamentalmente de proteger a la población civil, cuidar de los funcionarios de casilla, ciudadanos que en teoría no tienen vínculos partidistas y participan en función de atender una responsabilidad cívica.
La amenaza de la violencia también está concentrada en la capacitación que lleva al cabo la autoridad electoral ya sea local o nacional. Cada vez es más difícil que la gente atienda y abra la puerta de su casa sin desconfiar. Eso implica una tarea más compleja para capacitar ciudadanos a quienes se les requiere en su domicilio para que representen a los vecinos de su sección, colonia o cuadra. Es central cuidar que los procesos de capacitación electoral no se vean afectados por el miedo.
Lo mismo sucede en el ámbito de los observadores electorales. Seguramente el INE tiene identificados los lugares de riesgo para quienes se inscriban a dar testimonio de la votación. Los propios partidos propician el registro de ciudadanos para realizar esta tarea de manera que se inhiban actos de fraude electoral. Estas figuras serán muy amenazantes para quienes quieran influir violentamente en el resultado de la elección y habrá que contar con un protocolo para cuidarlos.
La parte más grave está en la designación de candidatos. Ya a estas alturas se registra la muerte de varios aspirantes de todos los partidos quienes manifestaron su interés de inscribirse. Seguramente algunos tenían más posibilidades que otros pero en el fondo el gran reto es que no sean ellos, los candidatos y candidatas de algún partido, a cualquier puesto de elección en ningún estado, quienes reciban la carga de la violencia electoral.
Hoy el gran desafío es saber quién pone a los candidatos. Son comunes las amenazas para que los participantes se desistan antes de ser electos. Es un secreto a voces que en regiones completas del país, este es el procedimiento para que gane alguno de los candidatos elegidos por la mafia.
También es un lugar común saber que ya en plena competencia, hay candidatos que reciben advertencias a manera de verdaderos ultimatums para que “le bajen” a la campaña, desistan de hacer públicas sus propuestas o declaradamente cedan su información, bases de datos, seguidores y votantes a favor de otros.
No queremos ver candidatos bajo fuego o mítines de campaña en ataúdes. Hay que tomar una decisión en los lugares bajo fuego. Hay muchos municipios en el país donde la gente se ha puesto de acuerdo para que sólo haya un candidato de todos los partidos y ya sin competencia, tengan la libertad de ganar sin hacer compromisos inconfesables.
La violencia es una amenaza para la elección. Hay que verlo con seriedad, antes de que sucedan actos que pongan en riesgo la credibilidad general del proceso, su resultado y nuestra vida democrática.
