Por: Yurisha Andrade Morales
Participar en las elecciones federales y locales constituye un derecho fundamental de la ciudadanía en las modernas sociedades democráticas para que en libertad y, conforme a las reglas establecidas, se decida con la mayoría de votos, quiénes serán las mujeres y hombres que ocuparán responsabilidades de gobierno y en órganos de representación política. Es un hecho que, si la participación es amplia, quienes obtengan las mayorías en los comicios gozarán de una mayor legitimidad y por ello, la intervención de las y los electores debe ser promovida institucionalmente por las autoridades electorales y por los partidos políticos en torno de las candidaturas que postulen, dentro de los plazos y conforme a las reglas a las que todos deben sujetarse.
Concluidos los procesos electorales es fundamental saber cómo se dio la participación de las y los electores, para comprender las características y comportamiento específico de la ciudadanía en cada ejercicio democrático, obtener una radiografía que indique cómo se ejerce el derecho al voto de acuerdo con variables como edad, sexo y área geográfica donde sufragan. En virtud de ello, el martes de la semana pasada el Instituto Nacional Electoral presentó un informe sobre este relevante aspecto de nuestra vida electoral.
Entre los principales hallazgos destaca que la participación ciudadana en elecciones federales intermedias, ahora concurrentes con las locales en las treinta y dos entidades federativas, al amparo del sistema nacional de elecciones que data de la reforma de 2013-2014 y que estableció la casilla única, creció en más de diez puntos porcentuales pasando del 41.3% que se registró en 2003 al 51.8% alcanzado en 2021. Fueron, de nuevo, las mujeres, quienes tuvimos el nivel de participación más alto frente a los hombres, pues del total de votantes 55.7% fue voto femenino y 47.7% voto masculino; mientras que por área de ubicación las mujeres empadronadas en secciones no urbanas registran 60.2% frente al 53.6% logrado en secciones urbanas. Otro dato relevante consiste en que la diferencia más alta entre la mayor participación de mujeres y hombres se dio en secciones no urbanas con 9.4% más de mujeres votantes.
Por rangos de edad, las y los ciudadanos de 40 a 84 años concentran los porcentajes más altos de participación; por su parte, los jóvenes de 18 años apenas superan el promedio nacional; mientras que los porcentajes más bajos de participación o grupos con mayor abstención se observaron en los rangos de edad de 19 a 39 años y de 85 o más. Resalta, también, que estos cuatro grupos de edades de jóvenes y jóvenes adultas, en conjunto, concentran el 48.6% del listado nominal, equivalente a 45.4 millones, pero solo ejercieron su derecho al voto alrededor de 16 millones.
Llama la atención, de acuerdo con datos del informe, que en secciones urbanas se vota menos respecto a las rurales, 49.9% frente al 41.5%. Por entidades federativas, las de mayor participación fueron Tlaxcala, con 65.8%; Campeche con 62.3%; Yucatán con 62.2%; y Chiapas con 61.2%. En contraste, la de menor votación fue Baja California con 37.7%.
El informe igual presenta datos con perspectiva de género indicando que las mujeres titulares en cargos de la administración pública de las entidades federativas, creció del 17.4% en 2015 al 25.9% en 2020, lo cual refrenda lo que he mencionado en artículos anteriores, la brecha sigue siendo muy grande con respecto a los hombres quedando un camino muy largo para lograr la igualdad sustantiva.
Sobre el rubro de las candidaturas a diputaciones de mayoría relativa, el informe da cuenta que las fórmulas ganadoras se distribuyeron proporcionalmente entre hombres y mujeres. Así, en 11 entidades federativas, el porcentaje de candidaturas femeninas ganadoras, fue mayor al de hombres, destacando que los únicos estados en los que no ganaron fórmulas de mujeres fueron Baja California Sur y San Luis Potosí.
Estos y muchos otros datos que aparecen en el informe aluden a la relación de confianza que la ciudadanía tiene en sus autoridades electorales y, sobre todo, en los procesos comiciales como una fórmula democrática para la renovación periódica del poder público, premisa que se fortalece con una participación ciudadana creciente en las elecciones intermedias y con amplia votación de mujeres. El poder del voto sigue siendo el único instrumento legítimo para determinar quién nos representa o gobierna, el reto estriba en concientizar sobre la relevancia de su participación a los segmentos de población que votan menos.
*Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
