Por: Elizabeth Juárez Cordero
Sin importar los objetivos que persiga, todo Estado tiene por fin la concentración del poder, en este sentido, la fragmentación provocada desde el poder pareciera ir contra la lógica natural del Estado.
En la anterior entrega “Institucionalizar el Sin Estado”, describía como desde el Estado hay un proceso que va cediendo parte de su poder, como reconocimiento de sus propias incapacidades que, mediante la creación de leyes o instituciones dimite incluso ante la posibilidad de ejercer su primer y principal característica; el uso legítimo de la coerción.
En Michoacán, hace unas semanas el Congreso del estado reconoció a las organizaciones internas de las comunidades indígenas encargadas de resguardar y mantener el orden; las kuarhichas o rondas comunitarias como cuerpos de seguridad, mediante una modificación a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Decisión que, si bien pareciera ir en la lógica de la fragmentación, cuestionada no por pocos como una ruta peligrosa, en cuyos antecedentes aún se encuentra la presencia de los grupos de autodefensa, muchos de los cuales se ha dicho fueron infiltrados o entremezclados con grupos delincuenciales, esto aunado a la de por si compleja situación que en materia de seguridad persiste en el país, derivado también de un proceso de fragmentación y expansión, por el que han atravesado en los últimos años los grupos del narcotráfico.
Más allá de la manera con la que se les identifique, lo cierto es que de facto estas rondas comunitarias con funciones de policía en las comunidades indígenas no solo realizan tareas de defensa ante la amenaza de grupos externos, sino también de paz y orden social, que bien podrían ser ejemplo en la operatividad de policías de proximidad comunitaria o vecinales, la implementación de mecanismos alternativos para la resolución de conflictos y en general para la justicia cívica.
Por lo que este reconocimiento, mediante la modificación a la Ley, es por sobre todo una adecuación a la realidad, a la existencia de estas formas de organización, que son reflejo de nuestra multiculturalidad, trasladada a la pluralidad jurídica-social que circunda nuestra estructura normativa formal del Estado, pero que además funciona y cumple sus objetivos, incluso de mejor manera que las reglas e instituciones que forman parte de la centralización jurídica del Estado.
La vecindad en espacios de territorio reducidos, como la legitimidad interna otorgada por sus consejos y asambleas son sin duda el principal abono para el cumplimiento de sus objetivos, sin embargo, el riesgo latente de que sus actividades se realicen fuera del marco legal, lo es para quienes las integran tanto como para las personas que dicen proteger o incluso para quienes constituyen una amenaza a la comunidad. Por lo que aun con sus reservas, esta iniciativa es un paso al frente en esa adecuación, que con o sin reconocimiento forman parte de la complejidad social, en este caso de manera ancestral.
Un reto importante será pasar del tema centrado meramente en el ejercicio presupuestal, de por si limitado cuando de estos temas se trata, y al mismo tiempo aprovechar la oportunidad de regular los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas de esos recursos, aún poco claros.
El proceso de incorporación de estas formas de organización a la institucionalización del Estado, al menos por ahora limitada a aquellos autogobiernos con presupuesto directo (que también podría ser considerada otra cara de la institucionalización del Sin Estado) no será un proceso en automático, llevará tiempo e incluso resistencias y obstáculos que les permitan a estas rondas adaptarse al calzador de los lineamientos nacionales para quienes realizan funciones en la materia, pero que sin duda son fundamentales, cuando se piensa por ejemplo en la protección y garantía de los derechos humanos.
Sin duda frente al tamaño de la amenaza a la seguridad en el país, la suma de esfuerzos y el fortalecimiento institucional es una apuesta certera, pero que debe ser meticulosamente cuidada, para que la adecuación legal de estas organizaciones sume al propósito de paz y seguridad y no sea la puerta de entrada de un mal mayor; la línea puede ser muy delgada.
