Una de las principales críticas que ha hecho el presidente López Obrador al periodo previo a su gobierno, es que el “régimen neoliberal” privatizó todo lo que pudo; en esa lógica de su narrativa, pareciera que su proyecto de gobierno pretende pasar de la privatización a la militarización, pues en lo que va de éste, se le han atribuido a las Fuerzas Armadas una amplia cantidad de facultades que debieran ser civiles y que ahora han pasado a manos del Ejército o de la Marina.
Lo que está ocurriendo con la Fuerzas Armadas en el país, va más allá del compromiso del presiente de separar el poder político del poder económico, de acabar con el régimen neoliberal, al cual descalifica y culpa de todos los males del país. Se trata de una estrategia de empoderamiento militar que resulta realmente preocupante.
En tres años el Ejército y la Marina han adquirido, vía reformas constitucionales y legales, decretos y decisiones de gobierno, un conjunto de responsabilidades y competencias que no corresponden a las de un Estado democrático.
Los soldaos y marinos de este país se encargan a través de la Guardia Nacional de la seguridad pública; aquella promesa de campaña de regresarlos a los cuarteles fue de las primeras en quedar en el olvido. No solo eso, el presidente ha adelantado que enviará al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para que la guardia pase de forma permanente a las FFAA, eliminando la temporalidad de su sexenio que se delimitó en los transitorios de la reforma a la Carta Magna que le dio origen.
Pero no solo se les han conferido responsabilidades en materia de seguridad, sino que lo mismo construyen las obras emblemáticas del sexenio, Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía, que edifican sucursales del Banco del Bienestar u hospitales, custodian pipas que transportan combustibles, se dedican a distribuir vacunas contra el Covid-19 en todo el país, como parte de la brigadas correcaminos, o apoyan la operación de los programas sembrando vida y jóvenes construyendo el futuro.
En días pasados, el Congreso de la Unión aprobó una reforma legal que formaliza la incursión de la Marina en tareas no solo de seguridad en los puertos y aduanas, sino de administración de la marina mercante.
No hay duda de que las FFAA del país tienen la capacidad de realizar estas actividades de forma exitosa y honesta, lo cuestionable no es eso, sino el riesgo de involucrarlas en tareas civiles y contribuir así a dotarlos de un poder económico y político solo con precedentes en el periodo que concluyó en el país con el gobierno de Ávila Camacho hace más de siete décadas.
Siguiendo la narrativa del presidente, se está pasando de una política privatizadora, a una política “militarizadora”, a un “Ejército empresario” que no es característica de países que se presuman democráticos. En el continente hay ejemplos poco afortunados de los resultados de ampliar la capacidad de poder económico y político de las Fuerzas Armadas.
Sería muy delicado que en su estrategia política para el mantenimiento del poder, el presidente operara para mantener a las Fuerzas Armadas afines a su proyecto y contar, en cualquier eventualidad, con su lealtad para el uso su fuerza en decisiones políticas civiles que competen solo a la ciudadanía; o bien, suponiendo que el actual presidente no apele a ese recurso, los cambios en la Constitución y las leyes obligan a pensar si quien le sucederá en el cargo haría lo mismo o aprovecharía ese marco legal en favor de sus intereses políticos.
