Al parecer, por más que una buena cantidad de legisladores se reeligieron, los que forman parte de los grupos mayoritarios poco aprendieron una lección que dejó la pasada legislatura: legislar al vapor, por encargo del Ejecutivo y hacerlo mal, no es lo que el país necesita. En esta semana vimos un poco de lo que será la nueva correlación de fuerzas entre dos poderes.
Las dos Cámaras del Congreso iniciaron los trabajos del primer periodo de sesiones, en ambos casos dieron tramite a los encargos del presidente que no fue posible atender en un periodo extraordinario en la pasada legislatura. Dos asuntos se atendieron, dos nuevas leyes, una en materia de juicio político y otra en relación a la revocación de mandato.
Quien escribe tuvo un dejà vu por lo ocurrido la noche del miércoles en la Cámara de Diputados, pues hace tres años algo similar ocurría con la ley de remuneraciones, por un capricho de un legislador y el interés de darle a la llamada cuarta transformación contenido a su narrativa de austeridad, se aprobó una ley caduca y mal hecha pero sobre todo inconstitucional. Lo que ocurrió fue lo que muchos legisladores de oposición dijeron con sensatez, el asunto acabo en la Suprema Corte e Justicia de la Nación y se tuvo que corregir.
En el caso del pasado miércoles, la ley que se sometió a discusión en la primera sesión de la actual legislatura, fue la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, la cual muy probablemente acabará también controvertida en la Corte; principalmente porque es inconstitucional, trasgrede las facultades de los Congresos y las Constituciones locales y claramente blinda al presidente de la República ante cualquier intento de juicio político o acción penal, pues establece un procedimiento especial en su caso, y de ninguna manera desaparece el fuero.
Por otra parte, en el Senado de la República en la madrugada del jueves fuimos testigos de un acuerdo, que como otros en el pasado no deja satisfecho a nadie, ni a las mayorías ni a la oposición. En esa primera sesión del Senado de la República se aprobó la Ley de Revocación de Mandato, la cual, al igual que la discutida en Diputados, ya había causado gran polémica, por los tres intentos fallidos de Morena de que se aprobara en un periodo extraordinario de la anterior legislatura.
Pero también por el interés político detrás de esa ley, cuya mayor discusión fue sobre la redacción de la pregunta que se realizará a la ciudadanía para saber si quieren que el presidente se vaya de forma anticipada.
El dictamen aprobado por las comisiones del Senado, traía una pregunta que cuestionaba sobre la ratificación del presidente y no de la revocación, remoción o cese. Sin embargo, la pregunta aprobada por el pleno del Senado, es como diría un ex legislador, una manzana envenenada, pues si bien en la pregunta aparece la palabra revocación y con eso libran la posibilidad de que sea controvertida por inconstitucional, las opciones de respuesta, son una respuesta sugerida.
La pregunta dice: ¿Está usted de acuerdo en que (nombre), Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?, con dos opciones de respuesta: 1. Que se le revoque el mandato por pérdida de confianza, y 2. Que siga en la presidencia de la República.
En estricto sentido de la revocación la pregunta no debería incluir nada sobre la continuidad y las respuestas debieran ser Si o No, aunque incluir que continúe hasta el término de su mandato difumina cualquier sombra de extensión del mismo. La pregunta como se aprobó está más del lado de la postura de las mayorías que de las oposiciones. Sin duda, es claro que ese fue para todos el mejor acuerdo posible, y muy probablemente la mayoría absoluta del oficialismo la aprobará en la Cámara de Diputados.
Las modificaciones aprobadas en el pleno del Senado no son una barrera de contención lo suficientemente fuerte para evitar que el presidente siga en campaña y haga de la revocación de mandato, su próxima plataforma de propaganda.
Así llegamos a la mitad del sexenio, con legisladores que se resisten a aprender a legislar, a no seguir indicaciones de otro poder para nutrir el discurso y narrativa del oficialismo. La prueba de fuego serán las reformas constitucionales, que sí requieren mayorías calificadas, ahí los parlamentarios mexicanos no tendrán otra opción más que dialogar, negociar y construir acuerdos, es decir, hacer política para evitar legislar al vapor.
