Atenta contra la soberanía nacional al acudir a EU para denunciar un supuesto Estado fallido, dicen los diputados Hirepan Maya y Reyna Celeste
Los diputados federales Hirepan Maya Martínez y Reyna Celeste Ascencio Ortega promovieron una denuncia penal contra el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, por su presunta responsabilidad en los delitos de traición a la patria, ejercicio ilícito del servicio público, coalición de servidores públicos y peculado.
La denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR) está sustentada en las acciones realizadas por el gobernador tras las elecciones del 6 de junio.
“Silvano Aureoles atenta contra la soberanía nacional al acudir a Estados Unidos y ante instancias internacionales para denunciar un supuesto Estado fallido en México, dejando de lado sus funciones como gobernador de Michoacán, y usurpando funciones de otros órdenes de gobierno, como el Senado”, argumentaron.
Silvano Aureoles se ha reunido en Estados Unidos con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), congresistas y funcionarios del gobierno estadounidense, con quienes ha promovido que intervengan en la vida política y social de México.
Los diputados federales solicitaron en su denuncia que la Unidad de Investigación de la Policía Ministerial lleve a cabo los siguientes actos de investigación:
1. Se cite a declarar al imputado Silvano Aureoles ante el agente del Ministerio Público.
2. Se cite, mediante su superior jerárquico, a los funcionarios públicos adscritos a la oficina del gobernador para que rindan entrevista en calidad de testigos ante el agente investigador de la asesoría jurídica victimal, señalando fecha y hora para el desahogo de dicha diligencia.
De igual forma, piden que con fundamento en los artículos 24, 25, 26 y 52 del Código Penal Federal, en el momento procesal oportuno se soliciten ante el juez competente las siguientes medidas de seguridad:
1. Prisión preventiva justificada, prevista en el punto 1 del artículo 24 del Código Penal Federal.
2. Suspensión de funciones o empleos, prevista en el punto 13 del artículo 24 del Código Penal Federal.
Fuente: El Financiero.
