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Lo jurídico vs lo político.

Hace un par de días, los michoacanos nos despertamos con la noticia, que desde muy temprano, el Gobernador Silvano Aureoles Conejo se había dado cita a la entrada de Palacio Nacional y se encontraba en espera de que le permitan su ingreso a fin de entregar personalmente al Presidente Andrés Manuel López Obrador las pruebas –que según su dicho– acreditaban que MORENA se convirtió en un instrumento del narcotráfico, en los recientes comicios electorales-, sin embargo, el tiempo transcurrió y pasadas 4 horas de espera, el Mandatario Estatal decidió retirarse, no sin antes señalar la negativa obtenida a su petición.

En consecuencia, el ingenio y el humor que caracteriza a nuestra sociedad, no se hizo esperar y las burlas desatadas a la imagen del Gobernador resultaron innumerables; sin embargo, las 2 principales preguntas que emergen son: ¿por qué el Gobernador decidió acudir ante el Presidente, sabiendo que éste no es la instancia legal para tal efecto?; y, ¿qué hay detrás de la negativa del Presidente, que le impidió recibir al mandatario estatal?, en ese sentido, considero que influyeron 2 factores, el jurídico y el político.

Por lo que desde la visión jurídica, indudablemente asiste por completo la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues en efecto, los temas judiciales y electorales, no le compete a él resolverlos; en cambio, desde el terreno de la política, la lectura cambia ¿no hubiera sido políticamente correcto que el Presidente recibiera a un mandatario estatal?, no olvidemos que entre los diferentes órdenes de gobierno, la comunicación y la conducta políticamente correcta, se han convertido en la fórmula que permite evitar la violencia y los conflictos abiertos entre ambos; por lo que es indispensable que en todo momento, la clase gobernante revista de cortesía y sensibilidad el trato entre sí; o acaso será que debido al poco tiempo que le resta a Silvano como mandatario ¿ya no resultaba políticamente capitalizable, como para mantener la cordialidad entre ambos?

Como quiera que sea, e independientemente de la existencia –y en su caso– de la veracidad de las pruebas que el Gobernador Aureoles Conejo catalogó como “información muy delicada, de mucho riesgo”; tenemos que hace un par de horas y de manera unánime, los magistrados del Tribunal Electoral de Michoacán declararon la improcedencia del juicio de inconformidad promovido por el Equipo por Michoacán;  bajo el argumento de que dicho recurso había sido presentado fuera del plazo legal establecido para la presentación de impugnaciones. Es decir, la improcedencia del recurso se dictó por cuestiones meramente de forma y no de fondo, como todos hubiésemos deseado; pues con ello, quedaría desvanecida cualquier duda respecto a posibles anomalías que hubiesen influido o alterado el sentido de la voluntad del electorado; y el órgano jurisdiccional electoral hubiese tenido oportunidad de conocer y valorar las pruebas ofrecidas; y en consecuencia, emitir su fallo validando que la contienda se sujetó a los principios de constitucionalidad y de legalidad, lo que por la extemporaneidad de la presentación del recurso, no ocurrió.  En fin, ojalá y el cuerpo jurídico del Equipo por Michoacán, hubiese “madrugado” –tanto como lo hizo el mandatario estatal– a fin de llegar en tiempo para la presentación del recurso de impugnación.

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