El presidente de la Coparmex, José Medina Mora, advirtió que se requieren acciones contundentes por parte de la Suprema Corte, cuya responsabilidad es velar por el estricto respeto a la Carta Magna
Frente reformas legislativas que podrían atentar contra la Constitución, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) emprendió una cruzada para promover el respeto y cumplimiento de la Carta Magna, y a través de un observatorio nacional de ciudadanos serán vigilantes de las decisiones y violaciones de las autoridades que contravengan los principios constitucionales.
Al presentar la iniciativa social en defensa de la Constitución en Querétaro, el presidente de la Coparmex, José Medina Mora, anunció bajo el observatorio ciudadano, “daremos seguimiento puntual a las violaciones a la constitución que comentan los actores políticos”, por lo que conminó a los ciudadanos a sumarse como “Guardianes de la Constitución”.
“Estaremos muy atentos a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, aportaremos elementos técnicos para colaborar con los legisladores, magistrados y ministros en la garantía del pleno respeto a la Constitución y recurriremos si es necesario, a la presentación de recursos jurídicos, como el “amicus curiae” ante hechos de máxima relevancia”.
Luego de que el presidente Andrés Manuel López anunciara hace unos días que enviará al Congreso propuestas de reformas a la Constitución en materia energética, electoral y de seguridad; el sector patronal advirtió que “respetar y acatar la Constitución”, es la primera gran responsabilidad de los poderes de la Unión, desde el Ejecutivo, Legislativo y Judicial se deben acatar los principios constitucionales.
“Las y los servidores públicos tienen la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir cada uno de estos principios, sin embargo, recientemente integrantes de los poderes del estado han propuesto y aprobado leyes que vulneran la Constitución, como la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la industria eléctrica, que atentan contra los derechos constitucionales de la libre competencia y la libre concurrencia”, dijo Medna Mora.
La llamada “#AlertaConstitucional” será la herramienta para que una flagrante violación a la Constitución se promueva el inmediato análisis de la situación. La eficiencia de dichas alertas, dependerá del trabajo colaborativo que se logre desarrollar, bajo la consigna “Nada ni nadie por encima de la Constitución”.
Mediana Mora refirió que recientemente integrantes de los Poderes del Estado, han propuesto y aprobado leyes que vulneran directamente la Constitución. Casos como la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Industria Eléctrica que atentan contra los derechos constitucionales de la libre competencia y la libre concurrencia.
Además de la reforma en ese transitorio que aprobó el Senado para extender por dos años el periodo del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
José Medina Mora lamentó que en el Congreso de la Unión se hayan aprobado reformas que atentan contra la Constitución, como los cambios a Ley de Telecomunicaciones que establecen que se entreguen los datos biométricos de los usuarios de la telefonía celular. Esto va en contra de los derechos humanos que están protegidos y garantizados en nuestra Constitución.
Otra es la pretensión de ir contra lo establecido en la Constitución y cambiar la ley en materia electoral para eliminar diputados y senadores de representación proporcional (plurinominales).
“Estamos de acuerdo que se corrija y enmiende lo que no funciona y lo que genera incertidumbre en el proceso electoral, pero debemos (inaudible), el riesgo que se atente contra la autonomía del INE cuando su actuación ha sido históricamente exitosa y prueba de ello son las recientes elecciones en donde celebramos el avance de la democracia”, sentenció el dirigente de Coparmex.
Afirmó que se requieren acciones contundentes por parte de la Suprema Corte, cuya responsabilidad es velar por el estricto respeto a la Carta Magna.
En este contexto, expuso que la iniciativa de la Coparmex tiene como objetivo emitir alertas de posibles reformas que vayan en sentido contrario de lo que establece la Constitución. Además de aportar elementos técnicos para colaborar con legisladores, magistrados y ministros.
Fuente: El Economista.
