En una temporada electoral como la que atravesamos, mucho escuchamos hablar sobre la democracia y su ejercicio mediante la emisión del voto; sin embargo, ello nos restringe la visión a creer que “democracia” sólo se limita a la elección de nuestros gobernantes; y no es así, pues existe también la contraparte que complementa esa enfoque y radica en el poder ciudadano, el cual en la medida que defienda y ejerza sus libertades y derechos fundamentales, es como consigue consolidar a la democracia como uno de los pilares esenciales de todo Estado de derecho.
Hoy en día, la actual configuración política y social de nuestro Estado, nos lleva a replantear la politización que vive nuestra sociedad, donde el objetivo es reinventar la manera de hacer política libre y efectiva, despertar el interés en el ciudadano y fomentar en la sociedad la deliberación pública abierta y de calidad; sin que ello, implique sacrificar o atentar en contra del funcionamiento de los órganos de gobierno, a través del irrestricto respeto a la división de poderes.
Si bien el abstencionismo a lo largo de la historia ha sido el rival a vencer donde la participación ciudadana en un proceso intermedio apenas supera el 40% de votación; sin embargo -para entidades como Michoacán- la pandemia de coronavirus, la crisis económica, el clima político polarizado desde el poder y la ola de inseguridad que azota a la entidad, serán factores que vendrán a inhibir aún más la participación en las urnas. En ese contexto, las organizaciones criminales que operan en nuestro Estado son relativamente excepcionales; pues por un lado, combinan la base social y el arraigo local, lo que en consecuencia permite que en los procesos electorales funcionen como operadores políticos, lo que a su vez también permite influir en los resultados de las elecciones; y por otro lado, el hecho de que los puestos gubernamentales que se disputan durante un proceso electoral son de diversa índole, donde los grupos delincuenciales buscan tener injerencia directa o indirecta, ya sea mediante la oportunidad de posicionar como candidatos a personas cercanas a ellos; o bien, mediante la violencia, haciendo uso de la amenaza o intimidación que obligue a los candidatos a declinar.
Por lo que ve al acontecimiento suscitado hace unos días, donde un vehículo rotulado con la imagen del candidato a la gubernatura de Michoacán, Juan Antonio Magaña de la Mora, y con logotipos del PVEM, que fue incendiado en las inmediaciones del camino Nahuatzen-Arantepacua, por un grupo de pobladores armados, esto luego de acompañar al candidato en un evento, no sólo vine a agudizar aún más el clima de inseguridad que se percibe por la ciudadanía; sino también (y ante la falta de claridad respecto a las circunstancias que dieron origen al hecho), hace caer en la especulación respecto al motivo; tomando en cuenta que el lugar donde se suscitó el incidente pertenece a una zona indígena que decidió como forma de gobierno el sistema de usos y costumbres; y la cual, ya había previamente adelantado que no permitirían la instalación de casillas electorales en sus comunidades.
Sin duda alguna, la inseguridad es el tema a enfrentar y es uno de los principales problemas que ha lastimado a las familias michoacanas, por lo que el reto es mayúsculo para la estructura de gobierno encargada del tema de seguridad pública; pues ya sea durante el periodo de campaña o el día de la jornada electoral, el Estado debe ser garante de salvaguardar no sólo la seguridad de los abanderados a cargos de elección popular sino también de los propios votantes que decidan salir a ejercer su libre derecho al sufragio el próximo 6 de junio.
